El conflicto guatemalteco tiene su origen, en gran medida, en el golpe militar de 1954 contra el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. En los años que van de 1944 a 1954, Guatemala había vivido una etapa reformista conocida como la Primavera Democrática, aplicando importantes medidas como la reforma agraria, en donde miles de campesinos-agricultores se podían beneficiar económicamente y a la vez sacar al país del estancamientos económico.
Lamentablemente (y como casi siempre ha ocurrido), grandes empresas como la United Fruit, de capitales americanos, y con grande intereses en las plantaciones , se opusieron enérgicamente a las medidas de reformas y terminaron derrocando al flamante presidente con la ayuda militar de los EE.UU.
Desde ese momento se sucedieron regimenes militares, apoyados y controlados por los intereses estadoudinenses.Estas circunstancias, unidas a la explotación feudal de la tierra, motivaron la aparición, a mediados de los años sesenta, de grupos guerrilleros de orientación izquierdista que, después de sufrir varias derrotas que casi supusieron su desaparición, en el año 1982 se englobaron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Continuaron en su intención de luchar por un cambio revolucionario en el país, pero su discurso ideológico y sus programas se identificaron más con elementos nacionalistas, dando especial importancia a la población indígena, que no dudó en darles su apoyo.
También en 1982, un nuevo golpe de Estado llevó a la presidencia de la república de Guatemala el general Efraín Ríos Montt, que asumió todos los poderes, suprimiendo la constitución y declarando un Estado militar de extrema derecha.
Montt lanzó una fuerte campaña de represión contra la población indígena (a la que consideraba el sustento de la guerrilla) basada en la llamada «política de tierra quemada» que ya había iniciado el Gobierno guatemalteco en 1980.
Los militares guatemaltecos denominaron 'operación Sofía' y que fue puesta en práctica contra la población civil entre el 15 de julio y el 19 de agosto de 1982 en el departamento de Quiché y especialmente en el municipio de Nebaj. La ejecución de esa operación correspondió al cuerpo de paracaidistas, una fuerza especial dentro del Ejército guatemalteco.
La medida consistía en la destrucción de pueblos enteros situados en colmas donde supuestamente se escondían guerrilleros. Durante los escasos 17 meses de su mandato (de marzo de 1982 a agosto de 1983) Efraín Ríos Montt asesinó 100.000 indígenas, dejando 500.000 refugiados y pueblos enteros (hasta 448) —principalmente en los departamentos occidentales de Quiche y Huehuetenango— literalmente arrasados, borrados del mapa, por el ejército y por las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Los niños eran quemados vivos o sus cuerpos partidos a machetazos ante los ojos de sus padres. Para el ejército y las bandas de civiles, la violación de mujeres, jóvenes y niñas era un arma más de una guerra sin ley. Un tercio de las víctimas de abusos sexuales eran menores de 17 años y el 35 por ciento sólo tenía 11 años. Según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentado en el año 2001, los niños fueron las principales víctimas de la guerra que durante más de 35 años desangró Guatemala.
Una de cada cinco víctimas era menor de 18 años y fue asesinada con los métodos más perversos: les partieron el cráneo, los aplastaron contra la pared o quemaron vivos. Los niños v niñas, en su mayoría mayas. fueron torturados y sometidos a todo tipo de vejaciones. Unos 150.000 niños supervivientes de las matanzas practicadas contra la población campesina se quedaron sin sus padres y, como en los años más crueles de la última dictadura argentina, otros miles fueron robados y entregados a familias adoptivas con un nombre falso.
La guerra que se libró en Guatemala hasta 1996 costó la vida a 200.000 personas, el 20 por ciento niños; de ellos, el 83,3 por ciento eran mayas. Un millón de personas quedó en condición de refugiadas o desplazadas.
El general y exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de delitos de lesa humanidad, pudo presentarse a finales de 2003 a las elecciones presidenciales, a pesar de la prohibición establecida por la Constitución guatemalteca para aquellos candidatos que fueron golpistas. En septiembre de 2007 logró un escaño como diputado por Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en las elecciones generales celebradas en su país.
Conseguía de esta manera evadir a la justicia española que había cursado contra él una orden de búsqueda y captura para ser juzgado por genocidio y torturas, ya que los miembros del Congreso de la República en Guatemala disfrutan de inmunidad a no ser que sean suspendidos por un tribunal.
Hay que recordar que la instrucción contra el genocidio guatemalteco se sigue en la Audiencia Nacional a raíz de una querella que presentó en el año 1999 la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.
Esa querella sufrió varios parones judiciales hasta que en enero de 2008 el Tribunal Constitucional consideró que la Audiencia Nacional era competente para instruir ese caso.
