GUATEMALA XIV ANIVERSARIO
14 Años de la Firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en Guatemala.
El 29 de diciembre del año 2010 se cumplirán 14 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el hecho histórico más importante del siglo pasado después de la Revolución Democrática de 1,944. En este nuevo aniversario de la firma de la paz, las y los integrantes del CONSEJO POLÍTICO 13 BAKTUN queremos expresar nuestra opinión:
1. De acuerdo a la cuenta del tiempo de nuestros ancestros mayas y xinkas estamos a 2 años del cierre del 13avo ciclo de 400 años, es decir el 13 BAKTUN de la Cuenta Larga de nuestro Calendario ancestral. De acuerdo a la experiencia y sabiduría de nuestras abuelas y abuelos estos ciclos se cierran con grandes acontecimientos. Guatemala a traviesa por un ciclo caracterizado por un altísimo nivel de inseguridad, pobreza extrema y miseria en grandes regiones del país, un Estado que durante los últimos años aplicó la política de limpieza social y de ejecuciones extrajudiciales y durante el conflicto armado interno aplicó el genocidio y la tierra arrasada contra las comunidades indígenas.
2. La ruta para superar las causas históricas, estructurales y coloniales de extrema pobreza, sobre explotación, exclusión y racismo que originaron el conflicto armado interno y construir la democracia con justicia social, el Estado pluricultural y multiétnico, la unidad nacional en base al reconocimiento de la identidad y los derechos de los Pueblo Xinka, mayas y Garífuna fue abandonada por los últimos cuatro gobiernos. Algunos hechos que confirman nuestra opinión:
a. La política del actual gobierno de deslegitimación de las consultas populares sobre la explotación minera de metales a cielo abierto y la construcción de las grandes hidroeléctricas en las que más de un millón de ciudadanos y ciudadanas han expresado su opinión. Ninguno de los últimos 4 gobiernos ha informado ni consultado a las Comunidades y Pueblos Indígenas sobre la explotación de los bienes naturales que están en sus territorios. La más reciente iniciativa del actual gobierno es emitir “un reglamento de consulta a los pueblos indígenas” con cero información y cero consulta a los pueblos indígenas, la cual ha sido rechazado por numerosas instituciones indígenas. Es otra exclusión, marginación y racismo del Estado.
b. El gobierno actual está empecinado por entregar a las empresas multinacionales los bienes naturales de la Región Ixil, el norte del Quiché, Ixcán, Las Verapaces, entre otras. Extendió la licencia de explotación del petróleo a la empresa Perenco en el Área Protegida Laguna del Tigre en el Petén y ha instalado seis destacamentos militares para asegurar el capital de las multinacionales y ha incumplido el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender las operaciones de la Multinacional empresa MONTANA en San Marcos por las gravísimas consecuencias que ha causado en la vida de la población.
c. Hay serias preocupaciones de distintos sectores de la población guatemalteca sobre el interés del actual gobierno de militarizar distintas regiones del país con el propósito de asegurar la explotación minera, petrolera y la construcción de hidroeléctricas, para evitar cualquier reclamo de derechos de los pueblos indígenas y la población rural afectada. Por ello, tanto la imposición del Estado de Sitio en Alta Verapaz y la botada de torres de conducción eléctrica de alta tensión en Nebaj en la Región Ixil durante las últimas semanas parecen hechos que solo tratan de justificar la militarización de la Región de las Verapaces y la Región Ixil por su riqueza en bienes naturales como los ríos, montañas y bosques.
d. En el Congreso de la República, iniciativas de ley como la de Desarrollo Rural y más de diez iniciativas de ley relacionadas con el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas no han sido aprobadas por el Congreso de la República.
En el sistema de administración de justicia es pobre el papel que han jugado para aplicar la ley a los responsables del genocidio durante la guerra interna y a quienes aplicaron la política de limpieza social y ejecuciones extrajudiciales durante los últimos años.
f. La campaña electoral de las elecciones generales del 2011 se adelantó sin que el Tribunal Supremo Electoral tenga la capacidad de garantizar un proceso limpio, ordenado, transparente, democrático de verdadera participación ciudadana. La venta y compra de los cargos de elección popular convirtió las elecciones en un gran negocio y de disputas alrededor de los dineros del Estado y de los bienes naturales del país.
3. Llegamos al 14 aniversario de la firma de la paz con un Estado debilitado y en un clima electoral cada vez más conflictivo sin espacios de participación política real ya que en la mayoría de los partidos políticos los cargos de elección popular tienen precio desde cien mil a dos o tres millones de quetzales. Es una situación difícil y crítica que atraviesa nuestro país cuando nos preparamos a cerrar en el año 2012 el 13 BAKTUN.
4. La crisis que vive el Estado de Guatemala requiere de una solución global en la que los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, junto con los sectores sociales del país, debemos retomar el camino de la construcción de la paz, la democracia con justicia social, la participación de los pueblos indígenas a los distintos niveles del Estado y una nueva nación con derechos de hombres y mujeres, con valores de respeto, honradez, trabajo, apoyo entre nuestras comunidades, lo que no ha podido garantizar el Estado de Guatemala.
5. En esta construcción de una nueva Guatemala, ante el deterioro del sistema político nacional que sigue siendo de dominación y opresión, con un sistema electoral que ya no es de una real participación ciudadana, corresponde construir una participación política alternativa, que respete y tome en cuenta la decisión de las comunidades, sus autoridades, lideresas y líderes comunitarios que es la base principal del nuevo Estado pluricultural.
6. Tomando en cuenta las miles de comunidades indígenas que ya están participando en la campaña electoral de las elecciones generales del año 2011, el CONSEJO POLÍTICO 13 BAKTUN considera importante expresar sus primeros criterios para una participación política que abone hacia el futuro democrático y pluricultural de nuestro país:
a. Las Comunidades y sus grupos organizados deben decidir su participación en base a sus propios principios, métodos y candidatos.
b. Participar exigiendo el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
c. Evitar que los partidos políticos dividan a las comunidades con su propaganda, sus regalos, la compra de votos, las trampas, los engaños, etc,
d. Respetar las comunidades y grupos que decidan no participar en las elecciones generales del 2011, votar es un derecho de libre ejercicio, es secreto y es personal.
e. Participar a nivel municipal a través de un Comité Cívico o del partido político que respete las decisiones de la comunidad.
f. Negociar el voto para Diputado y Presidente con los partidos políticos que respeten las decisiones de las Comunidades y que no estén comprometidos con la corrupción, el genocidio, la política de limpieza social y ejecuciones extrajudiciales, el narcotráfico y la impunidad.
POR UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA CON IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
LA RESISTENCIA SEMBRADA DURANTE EL 13 BAKTUN FLORECERA EN EL
NUEVO AMANECER DE NUESTRAS COMUNIDADES Y PUEBLOS
Ixim Uleu, 9 NO’J’, Año 10 IQ’. Guatemala, 29 de diciembre del año 2010
Base: http://www.elsoca.org/
XIV aniversario de la firma de la paz
Ayer, 29 de diciembre, se celebró el XIV aniversario de la firma de la paz “firme y duradera”, por los representantes de la guerrilla (URNG) y el Gobierno...
Ayer, 29 de diciembre, se celebró el XIV aniversario de la firma de la paz “firme y duradera”, por los representantes de la guerrilla (URNG) y el Gobierno, que puso fin al enfrentamiento armado interno, que duró 36 años (1960-1996) y tuvo como cauda cerca de 200 mil muertos. Previamente a la suscripción de la paz “firme y duradera”, el Gobierno y la guerrilla firmaron los denominados Acuerdos de Paz, que contienen declaraciones, compromisos y proyectos, así como una agenda nacional compartida, que incluye reformas constitucionales puntuales.
El régimen de Álvaro Arzú (1996-2000) se propuso reformar la Constitución, presuntamente en el marco de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, el proyecto de enmiendas constitucionales que finalmente aprobó el Congreso, dominado por el oficialismo, obedecía más a los intereses del Gobierno de turno que a los Acuerdos de Paz. Luego, no sorprendió que dicho proyecto fuera rechazado en la consulta popular celebrada el 16 mayo de 1999, como una manera de repudio a la manipulación gubernamental y al mismo régimen arzuísta.
Lamentablemente, este rechazo mayoritario de la población fue asumido por los opositores a los Acuerdos de Paz como un rechazo a estos y, por tanto, como una invalidación de su carácter de acuerdos de Estado. Para rescatar este carácter de acuerdos de Estado, el Congreso se vio obligado a emitir la denominada Ley Marco de los Acuerdos de Paz.
La reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es otro compromiso asumido en los Acuerdos de Paz. No obstante, a pesar de que, desde 1996, se han introducido enmiendas a dicha ley, estas no se han ajustado fielmente a lo pactado. Por el contrario, algunas reformas representan un claro retroceso. Por ejemplo, en los Acuerdos de Paz se convino un número fijo de 80 diputados al Congreso, es decir un número igual de congresistas al que tenía el Legislativo en aquel tiempo.
Empero, el actual número de diputados es casi el doble (158), en franco y abierto incumplimiento de los Acuerdos de Paz.
El fortalecimiento de las instituciones del sector justicia es otro tema pendiente. Simplemente, no ha habido voluntad política para apuntalar la justicia oficial en Guatemala. Por el contrario, pareciera que existe una conspiración sorda para que el sector justicia se mantenga débil, apocado e ineficaz.
La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es, tal vez, el proyecto más importante previsto en los Acuerdos de Paz que se ha implementado. La CICIG tiene como objetivo principal el desmantelamiento de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) y la erradicación de la impunidad en nuestro país.