Activistas indígenas buscan solidaridad contra empresas mineras
El líder indígena guatemalteco Pascual Bernabé Velásquez declaró durante un encuentro de más de 70 asistentes en el restaurante Sunrise el pasado 25 de febrero que “Cuando una comunidad está contaminada en Guatemala o Centro América, el mundo entero está contaminado”.
Hizo estas declaraciones en una mesa redonda organizada por la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala y el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador sobre la resistencia a la minería en América Latina. Los líderes activistas de los derechos de los indígenas, Néstor Castillo y Flavio Santi también detallaron los esfuerzos de la resistencia a la minería en El Salvador y Ecuador.
Velásquez visitó el Área de la Bahía del 22 al 25 de febrero como parte de una gira de tres semanas por el oeste de los EEUU patrocinada por NISGUA —incluyendo escalas en Albuquerque, Tucson, Los Ángeles. El propósito de la visita fue reunirse con organizaciones locales en cada ciudad y crear conciencia acerca de la minería en Guatemala.
“Estamos aquí... en los EEUU para hablar de solidaridad, para buscar soluciones, para decir la verdad a fin de salir de la esclavitud, no sólo en Centro América sino en todo el mundo”, dijo a la audiencia en el restaurante.
“Mi historia personal es de lucha: de la familia, y más tarde en la sociedad civil.” Velásquez un maya Q’anjob’al originario de Pie de la Cuesta en Guatemala, representa a la Asamblea en Defensa de los Recursos no Renovables de Huehuetenango.
Explicó que esta organización se creó “debido a la cuestión de la minería... a fin de acompañar al pueblo en la organización de referendos y hacer un seguimiento... para mirar el aspecto jurídico de estos referendos”.
Estas consultas, son una respuesta a la decisión del gobierno de Guatemala en los últimos años de otorgar cerca de 400 licencias a empresas mineras transnacionales del carbón, oro, plata, níquel y zinc, de acuerdo a Velásquez y NISGUA. El sitio web de NISGUA informó que este aumento en las concesiones mineras siguieron a una serie de reformas económicas neoliberales que el gobierno de Guatemala aprobó después de los Acuerdos de Paz de 1996, “bajo el pretexto de reactivar la economía nacional después de décadas de guerra”.
Las leyes y tratados que surgieron de estas reformas —la ley nacional de minería, la de inversión extranjera y la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América (CAFTA por sus siglas en inglés)— “han eliminado la posibilidad de impulsar soluciones económicas a nivel local y favorecido un ‘goteo’ de inversión extranjera”, señaló un boletín informativo del sitio web de NISGUA.
Velázquez dijo que el pueblo maya de Huehuetenango se opone a las empresas mineras, ya que produce escasos ingresos a la comunidad, mientras afectan negativamente la salud de la población local y sus ecosistemas.
“Hablamos específicamente de los pueblos indígenas porque son los más vulnerables, los que más sufren a manos del estado”, dijo ante la audiencia del restaurante.
Velásquez explicó en una entrevista a El Tecolote que la explotación minera en Guatemala opera mano a mano con la discriminación y el racismo, ya que, “en general, la minería afecta a las comunidades y lugares más marginados”.
Señaló que debido a la discriminación racial, los pueblos indígenas históricamente han sido desplazados a las zonas más aisladas y estériles. Hoy día, cuando las empresas mineras descubren la riqueza oculta de esta tierra estéril, “quieren venir a explotar estas minas sin consultar a sus propietarios, los pueblos de estas tierras... en parte, es porque los gobiernos creen que los mestizos o ladinos están más informados acerca de la ley, por lo que las respetan más”.
Velásquez informó que a partir del año 2006, 28 de los 32 municipios de Huehuetenango han aprobado consultas para prohibir a las compañías mineras entrar en sus comunidades. Agregó que ya se han organizado los referendos y “las fechas están establecidas” en los restantes cuatro municipios. Sin embargo, el gobierno de Guatemala se ha negado hasta la fecha a considerar los resultados de estos referendos como vinculantes, ya que obligaría a las autoridades a impedir activamente la minería en cada una de estas comunidades.
“Después de este proceso, ya que el gobierno no ha dado validez a las comunidades, éstas dieron un paso más allá y declararon sus territorios como ‘zonas libres de la minería’”, dijo Velásquez en la mesa redonda.
Afirmó que el 28 de enero pasado, el pueblo indígena de nueve municipios de Huehuetenango declaró públicamente sus regiones como “zonas libres de minas” ante el Congreso, el Presidente, el defensor de los Derechos Humanos y el Ministerio de Energía y Minas.
“Están esperando la respuesta del gobierno”, dijo.
Velásquez aclaró: “Cuando hablamos de confrontar los problemas con el gobierno, no lo estamos atacando, solamente mostrando nuestros propios votos y pidiendo al gobierno que los respete”.
“Nuestro propósito no es sólo protestar, y decir no a la minería”, dijo Velásquez, acalarando que la educación de la comunidad, la salud y la producción sustentable son otras prioridades. “Ellos [las comunidades indígenas de Guatemala] no se organizaron sólo a raíz de la minería, se han estado organizado durante varios años porque es parte de la cultura, las costumbres y los procedimientos de los pueblos indígenas locales.”
Guatemala no es el único país de Centro América donde la gente se ha organizado para negar a empresas mineras el acceso a sus comunidades, dijo Néstor Castillo, Coordinador de CISPES en el Área de la Bahía, citando como ejemplo el movimiento de resistencia en El Salvador.
Según Castillo, la resistencia en El Salvador se centró contra la empresa minera canadiense Pacific Rim, que en el año 2002 adquirió la mina inactiva de El Dorado, construida en la década de 1940 en el departamento de Cabañas al norte del país.
“La mayor oposición a la mina de oro de Pacific Rim se debe a preocupaciones por los potenciales graves daños medioambientales, específicamente el riesgo de contaminación por cianuro y las grandes cantidades de agua que se utilizarían durante la extracción, que se calcula serían de 10 litros por segundo”, dijo Alexis Stoumbelis, director de CISPES, en una entrevista publicada en el sitio web de la organización.
El pasado mes de abril, el gobierno de El Salvador negó permisos de extracción a la empresa Pacific Rim, citando el daño potencial al medio ambiente. Sin embargo, la empresa ha impugnado esta decisión presentando una demanda de remuneración de capital citando el Capítulo 10 de CAFTA. El caso aún está abierto.
Si bien la comunidad de Cabañas ha tenido éxito en obtener apoyo del gobierno, han pagado un precio por su resistencia. Tres activistas contra la minería fueron asesinados en Cabañas el año pasado. Marcelo Rivera desapareció en junio pasado, y su cuerpo lo encontraron 11 días después en el fondo de un pozo con muestras claras de tortura, dijo Castillo.
En diciembre pasado, Ramiro Rivera Gómez y Dora “Alicia” Recinos Sorto, ambos miembros destacados de la Comisión de Medio Ambiente de Cabañas, fueron muertos a tiros a plena luz del día. Castillo indicó que Gómez se encontraba bajo protección policial en el momento de su asesinato.
La ‘Mesa Nacional contra la Minería Metálica’, que ha liderado el movimiento de resistencia de El Salvador, culpó a Pacific Rim por la intensificación de la violencia en la región de la mina de oro, afirmando en un comunicado de prensa que
“Cabañas —a pesar de su alto nivel de pobreza y exclusión— era uno de los departamentos menos violentos del país, pero esto cambió con la presencia de la empresa mimera en cuestión”.
CISPES continúa apoyando a los activistas de El Salvador mediante la concientización aquí en los EEUU.
“Estamos trabajando para hacer llegar esta información a la comunidad, especialmente a la comunidad salvadoreña acá”, dijo Castillo. “En este momento estamos haciendo un trabajo de educación, y también presionando a la empresa, así como a nuestros representantes en el Congreso.”
Para El Salvador y sus vecinos centroamericanos, el CAFTA es un factor importante porque proporciona una vía para que empresas transnacionales como Pacific Rim puedan anular las decisiones de los gobiernos nacionales.
“En su campaña, Obama dijo que si acuerdos comerciales como el CAFTA o el Tratado de Libre Comercio no estuvieran funcionando, el Gobierno [de EEUU] encontraría otra forma de hacer negocios. Así que estamos tratando de tomarle la palabra para ejercer presión sobre el gobierno “, explicó Castillo.
Flavio Santi, activista indígena y curandero de Puyo, Ecuador, habló brevemente sobre la riqueza multifacética de la selva y el peligro de su destrucción mediante la extracción de recursos. Declaró: “La selva es para nosotros un supermercado, una farmacia natural, una universidad natural donde nuestros abuelos nos enseñaron sobre el desarrollo entre los seres humanos y la naturaleza. Pero esta riqueza está amenazada por las empresas mineras.”
Santi concluyo: “Mi abuelo me enseñó que somos guardianes de la Tierra, no sus propietarios. Doy gracias a todas mis hermanas y hermanos de los EEUU por unirse en solidaridad para ayudar en esta lucha”.
Relator de la ONU llama a suspender operaciones de Mina Marlin en Guatemala
El Relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, reiteró en su informe presentado al Consejo Asesor de la ONU, que el Estado guatemalteco y la empresa Goldcorpdeben dar cumplimiento a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de suspender las operaciones de la mina Marlin, en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.
El pasado 4 de marzo, Anaya dio a conocer a representantes de los pueblos indígenas y del Estado, por medio de una videoconferencia, el contenido del informe sobre proyectos de minería que afectan a los pueblos indígenas en Guatemala, con base en la visita que realizó al país en junio de 2010.
El Relator señaló que en su informe recomienda al Estado y a la empresa Goldcorp acatar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, incluyendo la suspensión de las operaciones de la mina conforme a lo dispuesto por la Comisión y a lo que podrá resolver en el futuro.
Además, en seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH, el gobierno debería impulsar un nuevo estudio de los impactos ambientales de la mina, como el realizado por entidades independientes y técnicamente capaces y con la participación de los pueblos indígenas, dijo el experto.
Debido al estado avanzado en que se encuentran las operaciones de la empresa, Anaya considera que de continuar en un futuro sus operaciones, deben basarse en un acuerdo consensuado con las comunidades afectadas, producto del proceso de consulta que aborde diversos temas, como la mitigación del impacto y las reparaciones por daños y perjuicios derivados de la actividad minera.
Es evidente que el proyecto Marlin no fue objeto de consulta a las comunidades indígenas directamente afectadas; más bien, ha existido en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán una significativa oposición y un ambiente de conflictividad como resultado del establecimiento de la mina en la zona, señala en el informe.
El Relator presentó su informe cuatro días después de que un grupo de 50 personas que protestaban pacíficamente en San Miguel Ixtahuacán por el cierre de la mina Marlin, basadas en la resolución de la CIDH, fueron retenidas y golpeadas por varias horas por otros pobladores, presuntamente trabajadores en la empresa.
http://olca.cl/oca/guatemala/mineras039.htm
