SANDRA MORAN REYES: FEMINISTA AL CONGRESO

SANDRA MORAN REYES

UNA FEMINISTA Y DEFENSORA DE LOS DERECHOS LGTBI AL CONGRESO 

Sandra Morán Reyes, electa diputada el pasado 6 de septiembre, es la primera mujer en sentarse en el Congreso de Guatemala que se declara feminista y lesbiana. Con el apoyo de sus dos compañeros del partido Convergencia, que también han sido elegidos diputados, Moran dice que su principal compromiso como legisladora será encauzar la agenda de las mujeres y del sector LGTBI, así como la de las comunidades en resistencia y la de la izquierda.

“A mí me eligieron 32 mil personas, hombres y mujeres, del departamento de Guatemala. Luego, efectivamente, tengo compromisos con mis organizaciones hermanas del sector de mujeres. Y con la población LGTBI (colectivo de lesbianas, gay, transexuales y bisexuales). Y con la niñez y la adolescencia, por todo el trabajo que venimos haciendo. El otro compromiso es con las comunidades en resistencia. Al final tengo compromiso con todos”.

Sandra Morán Reyes, activista histórica, feminista y artista, a partir de enero de 2016 ocupará uno de los 158 escaños del Congreso de Guatemala como jefa de bancada de Convergencia. Este nuevo partido de izquierda, creado en junio de 2014 a través de la unión de Alternativa Nueva Nación (ANN) y seis organizaciones sindicatos y consejos indígenas, el pasado 6 de septiembre, en unas atípicas votaciones donde se fragmentó el apoyo a los partidos políticos, logró los votos suficientes para obtener tres diputaciones, que suponen, en su conjunto, la irrupción de un nuevo espectro de la sociedad organizada en el Legislativo.

Además de Sandra Morán, seleccionada por el distrito de Guatemala con 31,824 votos, fueron electos Leocadio Juracán, coordinador general del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) quien encabezaba el listado nacional, y Álvaro Velásquez, académico de izquierdas y analista político, que encabezaba el distrito central de este partido.

“Nosotros somos absolutamente nuevos en esto. Venimos de los movimientos sociales, aceptamos el reto de hacer campaña y proponernos, la gente nos dio el voto y asumimos el reto”, explica Sandra Morán un par de días después de las elecciones generales.

“Nosotros somos absolutamente nuevos en esto. Venimos de los movimientos sociales, aceptamos el reto de hacer campaña y proponernos, la gente nos dio el voto y asumimos el reto”, explica Sandra Morán un par de días después de las elecciones generales. “Y una cosa fundamental es que no podemos hacer nada si no estamos con los movimientos sociales. Solos no vamos a poder hacer nada. Lo de adentro tiene que estar acompañado por la fuerza de afuera”.

La fuerza de afuera

Sandra Morán, tiene 56 años de edad, y 40 de formar parte de “la fuerza de afuera”. Se incorporó a los movimientos de protesta a los 14 años, cuando se adhirió al movimiento estudiantil normalista del Instituto Normal Centro América (INCA). Con 18 años entró a estudiar Ciencias Económicas en la Universidad San Carlos, y a los 19 se incorporó al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la facción guerrillera en la que, según afirma, militó en la semiclandestinidad.

Su paso por la guerrilla, del que no quiere dar mayores detalles, hizo que a partir del año 2011 Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, y otras personas vinculadas el Ejército, la incluyeran dentro de cuatro denuncias junto a otros líderes de izquierda, acusados por diferentes delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Estas denuncias se encuentran bajo investigación del Ministerio Público.

En 1981, Morán salió al exilio a México y más tarde a Nicaragua y Canadá donde permaneció hasta 1994. Durante estos años siguió integrando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a través del grupo de música Kin Lalat. “Kin es nosotros haciendo algo, y lalat es sonido agradable. Es en k’iche’. Ese nombre se lo puso Rigoberta (Menchú) en Nicaragua, en 1982. Éramos un grupo de música revolucionaria de la URNG. Yo soy percusionista. Tocaba percusión y marimba”, recuerda Morán.

A su regreso a Guatemala, en 1994, se integró al Sector de Mujeres de la Asamblea de la Mujer de los Acuerdos de Paz, y más tarde fue coordinadora del Foro de la Mujer, creado para dar seguimiento a la agenda de las mujeres dentro los Acuerdos de Paz firmados en 1996. El trabajo del foro, durante los siguientes tres años logró que finalmente en 2000 se creara la primera política pública de la mujer.

Además, a través del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) se comenzó a promover la ley para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que dio como resultado el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), conformado por el Ejecutivo, el Legislativo y sectores de la sociedad civil. Sandra Morán pasó a ser subcoordinadora del CNAP durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en representación del Sector de Mujeres, que integra a un total de 33 organizaciones y colectivos de mujeres del país.

A lo largo de los años, Morán ha impulsado diferentes colectivos feministas y lésbicos. Ha sido la promotora del colectivo de mujeres en el exilio “Nuestra Voz”, el colectivo lésbico “Mujeres Somos”, el Colectivo de Mujeres Feministas de Izquierda y el “Colectivo Artesana”. Este último dedicado al trabajo con mujeres organizadas y mujeres privadas de libertad. Desde 2008 imparte talleres de expresión artística a reclusas del centro penitenciario Santa Teresita, y en la actualidad realizan un censo de menores de edad que están bajo tutela de personas privadas de libertad, donde ya registraron a 15 mil menores.

Desde adentro

Morán entra al Congreso con el objetivo de ir dando respuesta a las demandas históricas de la izquierda y de los grupos a los que representa: las mujeres y el sector LGTBI. Entre sus primeros retos, asumidos como parte de la agenda política del Sector de Mujeres, se encuentra la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde buscará hacer valer la propuesta de equidad y alternabilidad en la conformación de los listados de candidatos, entre género y pueblos indígenas. También, dice, impulsará la aprobación del proyecto de la Ley Reguladora del Trabajo de Casa Particular, para legalizar y dignificar la situación de las empleadas domésticas, así como la iniciativa de Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. Otra de sus propuestas será la creación de un acuerdo legislativo para operativizar la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), así como la creación de un Ministerio de la Mujer que permita coordinar los diferentes ejes y políticas de protección y promoción de la equidad.

Dentro de los compromisos adquiridos con el sector LGTBI, se encuentra la aprobación de una ley de Identidad Sexual, una demanda que busca la protección de este sector de la población a nivel jurídico y legal. “También tenemos que ver qué hacer para evitar el bullyng, que es una problemática que enfrentan todos los niños y jóvenes, pero mucho más si son gay”, dijo.

Dentro de los compromisos adquiridos con el sector LGTBI, se encuentra la aprobación de una ley de Identidad Sexual, una demanda que busca la protección de este sector de la población a nivel jurídico y legal.

Como parte de su agenda legislativa, Convergencia buscará la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, reformar la Ley del Servicio Civil, la aprobación del Programa de Atención a Personas con VIH, acciones para mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad, la recuperación de las Escuelas Normales. “Hay toda una agenda interminable. Hay cosas que van a costar más y cosas que hay que hacer el esfuerzo”, explicó la feminista.

Los tres diputados de Convergencia buscarán alianzas con sus afines en el próximo Congreso, para lograr resultados. “Estamos abiertos y dispuestos a un bloque más grande con URNG y Winaq”, explica Álvaro Velásquez, diputado electo por Convergencia. “Pero debe ser más grande que esto. Hemos contabilizado que hay 12 diputados que provienen de movimientos revolucionario y lucha social. Se trataría de un bloque de la dignidad en materia de intereses ciudadanos, con Encuentro por Guatemala en corrupción, con la UNE en temas sociales”, agrega Velásquez.

Lo primero que buscarán, añadió, será buscar que Sandra Morán, quien iniciará la legislatura como jefa de bancada de Convergencia, presida la Comisión de la Mujer del Congreso.

Morán también deberá establecer alianzas con las otras 20 mujeres que ocuparán un escaño en el Legislativo, una más que en el actual periodo, lo que supone una representación del 13% del total. La mayor parte de estas provienen del partido LIDER, el partido con mayor presencia en el Congreso, donde 8 de las 44 diputados electas son mujeres (18%). “A nivel de representación (las mujeres) seguimos estando cortas, y que haya 20 diputadas tampoco es representativo”, señala Morán.

Una entrada simbólica

Desde los sectores de la sociedad civil a los que esta nueva diputada representa, su entrada en el Congreso es vista con expectativa y como un gran reto. María Dolores Marroquín, del colectivo Voces de Mujeres, integrante del Sector de Mujeres, destacó el significado simbólico para las mujeres organizadas de la entrada de Sandra Morán al Parlamento, que califica como “sumamente retadora”. “Primero porque es una de 158, y luego una de 20 que tiene una posición feminista”, dijo Marroquín.

“El reto es bien grande, porque tiene que ver con muchos valores que han sido sacralizados de alguna manera y que, desde una postura feminista, estamos cuestionando cotidianamente. Y la legislación es uno de esos nichos donde se institucionaliza esa opresión”, explica Marroquín, socióloga y con una maestría en Antropología Social. Otro reto, agrega, será la forma en que a partir de 2016 se articularán las demandas dentro del sector de mujeres. “Ver de qué manera establecer relaciones políticas desde otra perspectiva, que no es llegar a exigir que resuelvan sino un ir y venir”.

Desde la comunidad LGTBI, la llegada de Morán al Congreso también es bien recibida. “Todas la conocemos y aceptamos la lucha de ella”, dice Debby Linares, transexual y activista de los derechos del sector, integrada en el colectivo OTRANS. “Yo me siento feliz. Reventé cuetes cuando me enteré que llegó. Al fin tenemos una mujer que es identificada como es, una mujer feminista, una mujer que se declara abiertamente lesbiana, una mujer que quiere cambios en el Congreso, porque ahí hay que transformar”, explicó Linares.

Ahora, a la nueva diputada, a toda la agenda ya establecida dentro de los diferentes acuerdos y pactos con el Sector de Mujeres y LGTBI, se une, como principal reto, seguir con el proceso de fiscalización social que desde las calles se ha dado en los últimos meses hacia el gobierno.

“Yo creo que estamos en un momento importantísimo, el reto es sostener este cambio. Aquí hubo un tsunami político pero hay que ver qué queda, hay una energía impresionante, lo más difícil son los cambios culturales y yo creo que aquí hubo un cambio cultural. Entonces el reto aquí es como nosotros podemos ser una bancada que dé voz adentro a todas las demandas de afuera. Como logramos tener ese vínculo permanente. Ese es el gran reto”, afirma Morán. 

TOMADO: Plaza Publica

"AQUI NO HAY INDIOS" ENTREVISTA PARA REVISTA D

"AQUI NO HAY INDIOS" 

El Doctor en Educación que estudia los Xincas

Sus investigaciones sobre los xincas lo han llevado a  conocer, rescatar y difundir esta cultura del oriente del país.

Por Ana Lucía González

REVISTA D, PRENSA LIBRE

Una tarea escolar sobre identidad cuando era adolescente llevó a César Augusto Castillo López (Jutiapa, 1983), doctor en Educación, a estudiar una cultura prácticamente inexplorada: la xinca, pero también lo motivó para estudiar Pedagogía.

César Castillo se ha dedicado al rescate de la lengua y costumbres de las comunidades xincas. 

El proceso no fue fácil, asegura, ya que muchas veces se topó con un rotundo no sobre la existencia de esta etnia en el oriente del país, a pesar de que unas 400 mil personas, diseminadas en 17 comunidades de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, se identifican como xincas, de acuerdo con el censo efectuado en el 2009 por el Parlamento del pueblo xinca, al cual pertenece.

En la actualidad es uno de los principales promotores y estudiosos de este pueblo. Lucha contra los prejuicios racistas y machistas para ampliar y continuar las escasas investigaciones sobre este. De esa cuenta, ha capacitado a cientos de escolares en idioma xinca.

¿Cuáles son sus raíces?

Soy mestizo. Mi padre es originario de San José Acatempa y por eso cuando era niño él me hablaba de europeos y tradiciones españolas. Pero mi madre y abuela eran de una comunidad xinca llamada Valencia, por eso se comunicaban conmigo en esa lengua, aunque no la definían como tal, solo decían que era el idioma de los abuelos.

¿Por qué decidió estudiar la cultura xinca?

Tenía 17 años y cursaba el último año de Magisterio cuando en la clase de Ética nos dejaron de tarea investigar nuestra identidad. Recuerdo que fue complicado, empecé a indagar en libros y no encontré nada.

Mi madre me llevó a la casa comunal xinca, donde los abuelos viven, ellos conocían sobre problemas de tierras, pero no sobre historia. Sin embargo, empezaron a relatarme cuentos de la tradición oral, los cuales primero grabé en casetes y después con una cámara de video.

¿Por qué es importante rescatar la identidad xinca?

Nos han engañado por mucho tiempo. Se nos ha dicho que somos ladinos y al estudiar esta identidad en la región, no existe. Es una identidad indígena difuminada por lo ladino. Una falsa identidad española, especialmente entre la gente blanca. Pero es más indignante encontrar gente de piel oscura que se dice ladina y que el resto son indios.

“Se nos ha engañado por mucho tiempo. Hay una falsa identidad española, especialmente entre la gente blanca”.

¿Qué tipo de obstáculos ha encontrado en estas investigaciones?

Empecé en 1998, cuando comenzaba el reconocimiento de los pueblos indígenas. En Jutiapa, por ejemplo, al preguntarles sobre los xincas me contestaban ‘aquí no hay indios’. Tristemente es una de las áreas más marcadas por el racismo.

Cuando cuestionaba sobre los idiomas me respondían que esta parte de Guatemala ha sido monolingüe.

Me empezaron a llamar loco, porque estaba buscando lo que estaba muerto. A pesar del rechazo, no he dejado de luchar. Esto me despertó el interés por continuar mis estudios en Pedagogía y en Educación Bilingüe Intercultural.

Con el tiempo empecé a registrar toda la información lingüística y antropológica. Me ayudó el estudio de Lily Campbell, de la Universidad de Utah, Estados Unidos, la primera que hizo uno formal en la década de 1940.

Así empezó sus primeros esbozos sobre esta cultura.

Conocí al abuelo Xonito García, del Parlamento del pueblo xinca, en Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa, pero no me quiso atender.

Para ese tiempo un grupo de lingüistas de la Universidad de Utah buscaba reunir unos 15 jóvenes de distintas comunidades para el estudio y rescate de esta lengua. No pude integrarme debido a la práctica magisterial, pero fue el primer vínculo importante.

¿Dónde están ubicadas estas comunidades?

En Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. De hecho, la cabecera de Jutiapa está asentada en algunas tierras comunales xincas. Los comunitarios atesoran el título de propiedad y la cédula real que los reconoce como dueños.

En las décadas de 1930 y 1940 hubo una serie de problemas, debido a que los alcaldes intentaron tomar esos títulos. Varios abuelos fueron asesinados, pues querían destruir las cédulas reales.

Hay 13 comunidades reconocidas por el Gobierno, aunque realmente son 17. Un censo elaborado por el Parlamento del pueblo xinca, en el 2009, arrojó que son 400 mil.

Los títulos de propiedad que menciona ¿son válidos con el actual Registro Catastral?

El problema es que fueron otorgados antes de la creación de La República. Sería como el Vaticano; un territorio libre dentro de otro ya establecido. De esa cuenta, entre los comunitarios persiste el miedo y todos los días trasladan la cédula real de una casa a otra. Tienen miedo, pues creen que les van a quitar la tierra. Este fenómeno se da en Santa María Xalapán, Jalapa; Yupilteque, Jutiapa y Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa.

¿Por qué cree que muchos niegan sus raíces?

Descubrimos que en 1860 empezó una gran persecución hacia este pueblo por parte de los gobernadores, quienes se reconocían como españoles. Les prohibieron hablar su lengua, así que empezaron a tomar la identidad ladina y hablar en español.

Perdieron su identidad

Sí, por eso se dice que en oriente no hay indígenas.

¿Qué se ha logrado rescatar del idioma?

Se registraron 15 mil palabras. Originalmente hubo siete variantes del idioma, hoy solo quedan cuatro. Hablantes, al ciento por ciento, hay unos 2 mil, porque ya se enseña en las escuelas. Además, se ha capacitado a unos 500 maestros.

También hay un lado oscuro en las costumbres de este pueblo.

Son muy machistas. He luchado contra esto y el analfabetismo. Veía la debilidad en la organización, pues antes no había mujeres dentro del grupo, porque sus esposos no les daban permiso.

En dichas comunidades muchas se casan muy jóvenes, otras más sufren abusos sexuales por parte del padre o su familia y en otros casos son vendidas.

¿Cuáles han sido sus aportes en el área educativa?

Durante dos años trabajé como Coordinador de la unidad de Educación Bilingüe Intercultural en la dirección departamental de Jutiapa. Se hizo la actualización del Currículum Nacional Base (CNB), para la región xinca, en el que se adaptaron varios textos didácticos, como una lengua complementaria (no materna), además de asesorar en los textos en diversidad de lenguas mayas. Se publicaron varios cuentos para el programa nacional de lectura que fueron distribuidos a nivel nacional.

Otro de sus intereses es el aprendizaje de idiomas

Sí estudié en Calusac inglés, hasta el nivel 12, también portugués, el cual llegué hasta el nivel 5, y en alemán al 4. Siempre me ha interesado aprender otras lenguas. Estudiaba los viernes mientras trabajaba en la capital. Aprender otro idioma es útil para mejorar los procesos lingüísticos que son tan importantes para rescatar una lengua en peligro.

¿Obtuvo una beca para estudiar el doctorado en educación a distancia?

Sí, obtuve una beca del 75 por ciento en la Universidad Pontificia de Roma, Italia. En parte, gracias al suma cum laude de la anterior maestría, así como por mis raíces indígenas. Se presenta un expediente que incluye una postulación de 50 páginas sobre todo el historial académico. Para el próximo año voy a seguir estudiando Derecho.

El lunar en su frente tiene significados especiales.

Para los antiguos xincas, la luna determinaba los tiempos y la organización en la comunidad. Para definir la función de cada persona se hacía según los lunares de cada uno y así era el trabajo. En mi caso, una luna roja, significa el don de la sabiduría.

Perfil Estudia un Postdoctorado en Políticas Educativas en la Universidad Pontificia.

Doctor en Educación por la Universidad Pontificia.

Máster en Tecnología Educativa, por la Universidad de Utah, Estados Unidos.

Jefe de Educación Bilingüe Intercultural, de la Dirección departamental de Educación en Jutiapa (2007-2012).

Fundador y director del Centro de estudios lingüísticos del pueblo xinca, Narila, en el que elaboran material educativo gratuito para las escuelas.

LA SEÑORA DE NEBAJ

LA SEÑORA DE NEBAJ

UN ACERCAMIENTO A ANA LAINÉZ, ALCALDESA INDÍGENA DE NEBAJ

Nebaj está enclavado en el Triángulo Ixil, en Quiché, una de las áreas que más sufrieron los estragos de la Guerra Interna. Entre 1979 y 1991 sufrieron 49 masacres pero el rastro del dolor no terminó allí. Sus pobladores siguen siendo víctimas de hostigamientos. Ejemplo de ello es que en 2002 se quemó una casa parroquial y se empezaron a dar amenazas contra los antropólogos que realizaban exhumaciones en la zona. Esas exhumaciones años después serían claves en el proceso por genocidio contra el ex presidente de facto, Efraín Ríos Montt.

Ahora las tensiones en la zona no son producto de los polos Ejército-Guerrilla sino del avance de obras de impacto ambiental. Como ha ocurrido en otros territorios del país, el Ministerio de Energía y Minas ha hecho caso omiso de las consultas populares y ha dado avance a proyectos mineros. En la zona del Triángulo Ixil avanzan los proyectos hidroeléctricos La Vega I y La Vega II.

Desde el poder político en la Ciudad de Guatemala muchos se preguntaban ¿quién es la autoridad en Nebaj? y es que por mucho tiempo el municipio no tuvo alcalde. Un error en la papeleta de las elecciones de 2011 obligó a repetir el proceso que finalmente ratificó en la alcaldía a Pedro Cobo, quién primero compitió con la UNE pero que en la segunda elección lo hizo con el partido TODOS.

Pese a ello, a los conflictos entre candidatos que también generaron escenarios de violencia, la alcaldía tiene poca representatividad. Muestra de ello es que el abstencionismo entre una y otra elección pasó del 19% al 29%.

¿Quién es la autoridad entonces? La población local da la misma respuesta que uno encuentra en Totonicapán o Sololá: la autoridad es la alcaldía indígena que en el caso de Nebaj está presidida por la señora Ana Lainéz. Viajamos a Quiché para conocerla.

 Arribo al lugar del que nace el agua

La carretera Quiché 6 nos lleva a Nebaj luego de pasar montañas y bordear abismos. Allí está el municipio cuyo nombre proviene del Ixil NAAB´A´, “lugar del que nace el agua”. Esa distancia de 91 kilómetros entre el municipio y la capital parece ser la misma que hay entre nuestro sistema político y el suyo. Las alcaldías indígenas han generado debate, algunos las acusan de generar división mientras otros resaltan su eficacia. Lo cierto es que es un sistema al que poco estamos acostumbrados.

Contactamos a Ana Lainéz pero a diferencia de lo que cualquier político hubiera hecho, se negó a acaparar toda la atención. Habló con nosotros al lado de Diego Ceto y Miguel Ceto, alcaldes comunitarios con los que comparte la representación. Así, en un cuarto sin lujos de 5 por 2 metros, dentro de la municipalidad, empezó esta entrevista.

¿Qué es una alcaldía indígena y cómo se organiza?

Diego Ceto (DC): Es el término que utilizamos para que el Estado reconozca nuestra organización. En Ixil le llamamos B´oq´al Q´esal Tenam que, en una traducción lo más fiel posible, significa “Los abuelos y abuelas cabeza del pueblo”. Desde 2008 Chajul, Cotzal y Nebaj cuentan con una. No es una estructura nueva sino una estructura histórica basada en nuestra cosmovisión. No hay solamente un alcalde sino un total de 51, organizados en grupos de 4 como los cuatro cargadores del calendario maya. Año con año se les elige para que nos representen ante la ley. No nos gusta el término “alcaldía indígena” porque procede la época de explotación colonial pero entendemos que es el nombre legal que le han dado.

Somos los representantes del pueblo, fuimos escogidos por el pueblo y prestamos el servicio sin cobrar ningún sueldo. No somos funcionarios sólo pobladores elegidos para mantener la armonía. Estamos para resolver conflictos y no precisamente conflictos de gallinas. No tomamos decisiones arbitrarias porque no somos la máxima autoridad, por encima de nosotros están los abuelos y las abuelas, nuestros jueces que equivalen a la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, ellos son el B´oq´al  B´oq´al  Q´esal Tenam.

¿Cuántas personas forman y cómo eligen su estructura de autoridad?

Miguel Ceto (MC): A los abuelos B´oq´al  B´oq´al  Q´esal Tenam nadie los elige. Ellos están allí por su experiencia y sabiduría. Son aproximadamente 5 mil que hacen las funciones de jueces. Ahora la alcaldía está formada por 51 alcaldes. Todos somos iguales, nadie tiene más potestad o poder que otro. Lo que sí tenemos es distintas funciones dentro de la organización. Nos eligen las comunidades en un proceso similar a las elecciones pero de forma más personal. Ser 51 alcaldes descentraliza el poder y evita que se abuse de este como sucede en la alcaldía municipal.

 ¿Cuáles son las funciones específicas de la Alcaldía Indígena dentro de este sistema de organización?

Ana Lainéz (AL): Nuestras funciones son claras pues debemos velar porque se haga justicia en las comunidades. Somos representantes para resolver conflictos comunitarios y para defender nuestro territorio. Todo esto en armonía, respetando las diferencias pero aplicando la ley de manera igual. Actuamos en el marco de la ley y de los convenios internacionales, no nos estamos inventando nada.

¿Anteriormente mencionaban que no resuelven “conflictos de gallinas”, qué tipos de conflictos resuelven y cuál es su mecanismo?

AL: Los días lunes y viernes tenemos abierta la alcaldía para consultas públicas. Acá recibimos cualquier problema y lo más irónico es que nunca hemos resuelto problemas de gallinas como la gente piensa. Son temas serios como extorsiones, asesinatos o violencia intrafamiliar. También nos buscan para casamientos y presentaciones de niños a la madre tierra, una ceremonia similar a un bautizo.

MC: El proceso es sencillo. Se presenta la denuncia, se hacen las escuchas y se hace la investigación. Lo primero es logar que el culpable acepte su culpa y luego se le aplica una pena. Por ejemplo, en caso de robo una última instancia de castigo es físico. En casos de alto riesgo remitimos nuestros saberes al Ministerio Público. Si los casos no son de nuestra comunidad lo remitimos a los alcaldes que compete,  ahora si estos no lo resuelven intervenimos nosotros. No tenemos un método específico ya que no se puede aplicar una misma fórmula para problemas diferentes.

¿Cómo es la situación actual en cuanto a la defensa del territorio? ¿Cuál es la razón para oponerse a los modelos de desarrollo que ofrecen las mineras e hidroeléctricas?

DC: Hay que aclarar que nosotros como pueblo Ixil no tenemos una consulta de buena fe aún. Lo que tenemos es una consulta permanente comunitaria gracias a que siempre estamos en diálogo con la población. Actualmente, según la información que obtuvimos del Ministerio de Energía y Minas, han otorgado licencias para 16 hidroeléctricas. Actualmente funcionan dos, la de Hidro Xocibal y la de Enél pero de ninguna percibimos beneficios. Basta con decirle que 60 comunidades aledañas no tienen luz. Ahora están en trámites para los proyectos hidroeléctricos Vega 1 y Vega 2 ante los cuales desde hace dos años interpusimos amparos pero no han resuelto nada.

AL: No se trata de oponerse al desarrollo sino al saqueo de nuestros recursos naturales. Queremos desarrollo en las comunidades pero no violentando nuestra propiedad. En el caso de Nebaj, el título de propiedad dice que las tierras pertenecen a los vecinos y a la municipalidad. Es decir, los vecinos también tienen derecho a voto sobre sus tierras. Esto también es propiedad privada, hay que respetarla y la vamos a defender.

Estamos abiertos al diálogo pero no a la imposición de un modelo de desarrollo. En los años 80 el Ejército impuso uno que dejó 200 mil muertos. No queremos eso, queremos un desarrollo desde la comunidad. Claro que queremos luz, carreteras y educación, pero no queremos  que se repita el mismo modelo que ahora implica el daño ambiental.

Ya la Coordinadora de Cooperativas y ONG’s de Guatemala ha propuesto la creación de un modelo de minería de forma cooperativa. ¿Cuál es la propuesta de ustedes?

AL: Hemos asistido a las mesas de diálogo pero nuestro modelo no les gusta. Primero porque no queremos tomar las decisiones de manera apresurada y a puerta cerrada. Proponemos que a toda la comunidad se le consulte cada acción a tomar.  En cambio los mineros quieren mantener este secreto porque es más fácil comprar a cinco líderes que a una comunidad entera. Estamos formulando un plan de desarrollo comunitario en que sea la comunidad la que administre los recursos que ya le pertenecen. En una mesa de diálogo pedimos el 20% de las ganancias para la comunidad pero no les gustó.

MC: Respetamos la postura de CONGCOOP, pero ellos no tienen en cuenta que nuestra visión no es empresarial, nosotros buscamos la mejora de nuestras condiciones de vida. Es fácil que acepte alguien cuya familia tiene ingresos de Q30.00 diarios y le ofrecen Q200.00. Es fácil ceder ante las necesidades inmediatas, pero nosotros no podemos decir que eso es desarrollo porque 200 empleos no cubren las necesidades de la comunidad.

 ¿Cuáles son sus acciones de resistencia a los proyectos?

AL: Ante cualquier situación lo primordial es la resistencia pacífica. Aunque nos inciten como en el caso de Cotzál donde alrededor de 800 policías y soldados se hicieron presentes, no vamos a responder de manera violenta. Se nos tilda de terroristas, guerrilleros y comunistas pero sólo estamos defendiendo la propiedad privada, la propiedad del pueblo. Sólo esperamos que nunca llegue el momento en que todos los recursos se agotan y la única opción que queda es tomar medidas de hecho.

EL VOTO DE LA MUJER INDÍGENA: NI TAN LIBRE, NI TAN SECRETO

EL VOTO DE LA MUJER INDÍGENA

NI TAN LIBRE, NI TAN SECRETO

En los últimos procesos electorales se ha dicho que los resultados reflejan dos tipos de votos, el rural y el urbano, El indígena y el ladino. Sin embargo, existe muy poco análisis acerca de la injerencia que tiene el sufragio de la mujer indígena, que no solo es el mayoritario sino que, en parte, es dirigido y manipulado por el hombre de la casa. Este voto, paulatinamente ha despertado, pero definitivamente, es capaz de inclinar la balanza electoral a favor de un candidato.

Relegadas a un segundo plano, muchas de ellas analfabetas, dominadas por el machismo y costumbres ancestrales, el racismo, la segregación y la exclusión las mujeres indígenas desconocen el poder que tienen en los procesos electorales, porque de acuerdo con los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el último proceso el 51.8% del total de los sufragios fue emitido por ellas.

Este caudal se concentra especialmente en seis departamentos del occidente del país: Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Sololá, San Marcos y Totonicapán, en los cuales más del 80% de las mujeres acuden a las urnas.

“El aumento en la participación ciudadana de las mujeres en el área rural, y principalmente en el occidente del país, tiene mucho que ver con la descentralización del voto que el TSE impulsó en el proceso electoral de 2007 y que se perfeccionó en 2011”.

Tenemos entonces que su participación en el área rural es un factor importante en la elección, la que incluso puede significar el triunfo de algún candidato, tanto en los ámbitos nacional o local. Ahora bien, ¿cuál es la motivación que pudiera haber para que se inclinaran por un determinado candidato?.

VOTO DIRIGINO: NI LIBRE, NI SECRETO

Según estadísticas del Foro Maya, entre el 30% y 35% de las féminas del área rural desconoce el peso que tiene su voto y no comprenden la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esta situación tiene que ver con la enseñanza ancestral de que la cabeza de la familia, es la que determina el voto de todos.

“El voto es muy condicionado por temas como el patriarcado,  machismo, pues en muchos departamentos se maneja aún, que es el jefe(hombre) de hogar quien decide. Seguimos siendo parte del sistema del mercantilismo político y la discriminación, pues nos usan para llegar al poder” ellas no tiene la potestad de decir, muchas veces son agredidas, victimizadas y utilizadas para conseguir un apoyo o aceptación dentro de los partidos.

Javier Brolo, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), señala que el tema es complejo, porque existen muchas familias que son lideradas por mujeres en las que no ocurre el tema del patriarcado, pero sí afecta el tema de la pobreza.

“Es complejo afirmar que no tienen criterio, creo que es más determinante el condicionamiento de ese criterio por el tema de una necesidad, como el hambre. Una persona con necesidades insatisfechas, puede ser persuadida por el clientelismo político”, dijo Brolo.

PROGRAMAS SOCIALES

Un factor importante en el crecimiento del padrón electoral fue la introducción de los programas sociales durante la administración de Álvaro Colom, dirigido a las féminas rurales, quienes para acceder a los mismos debían demostrar que estaban empadronadas.

“Contribuyó a que más mujeres se empadronaran, pero ocurrió porque se explotó una necesidad: la pobreza, la mayoria de las mujeres eran abusadas por los hombres, para quitarles el dinero que era otorgado por el gobierno para alcohol y no trabajar”

El tema de los programas sociales sin duda es complicado. El Partido Patriota (PP) lo atacó cuando la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) lo promovió, pero cuando accedieron al poder, al final lo trabajaron de la misma forma.

“Se sigue explotando la economía familiar, por ello es que buscamos que estas mujeres participen y tengan incidencia política. Creo que en el mediano plazo, se debe mejorar este tema, porque es claro, las mujeres y los jóvenes pueden decidir una elección y lo deben hacer por decisión, no por clientelismo”, aseguró Roberto Alejos, del partido Todos.

Algunos de los políticos consultados, no quisieron reconocer como trabajan para buscar y agenciarse ese sufragio rural, pero es innegable que una estrategia es la de entregar bolsas de alimentos y materiales de construcción, como una muestra anticipada de lo que serán los programas sociales en dado caso logren llegar al poder, situación que caracteriza a los mítines de los partidos UNE, PP y Libertad Democrática Renovada (Líder).

Sin embargo, el discurso oficial de la mayoría es que la forma de conseguir captar ese sufragio femenino, es brindar espacios de participación.

“Damos participación a los diferentes sectores en la elaboración de los listados a cargos de elección popular, integramos los mismos con paridad, es decir la misma cantidad de candidatos y candidatas”.

“En el partido existen varias personas de la población indígena postuladas a cargos de elección popular. El programa de Gobierno tiene contemplado programas de desarrollo, salud y proyectos productivos para las mujeres indígenas. Pero es verdad que muchas se empadronan y participan, por la necesidad de ser incluidas en los programas sociales”, reconoció por su parte Mirza Arreaga, diputada de Líder también por Huehuetenango.

Rolando Vazquez Cua, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, señala que la influencia de los hombres de familia no influye mucho, sino que la inclinación ocurre por “la propia participación que van teniendo las mujeres en actividades políticas y la simpatía hacia un partido político u otro”.

Concluimos que para el presente proceso, se repetirá la tendencia de participación de mujeres indígenas en el occidente, aunque no considera que sea mayor que otros años, pero de igual manera, será un voto influyente aunque en la mayoria de los casos sectorizados, comercializado y sin una verdadera decisión personal.

PUEBLOS INDIGENAS SIN REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2015

PUEBLOS INDÍGENAS SIN 

REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2015

PARTIDOS POLÍTICOS: UN VACIO DISCURSO INCLUSIVO MULTICULTURAL

La participación política confiere a la persona la posibilidad de ejercer su capacidad de actuar más allá del ámbito privado y le permite, además, tomar parte activa en los procesos y decisiones que afectan su vida y la de los colectivos a los cuales pertenece. Esta reflexión ayuda a analizar cómo para los pueblos indígenas, quienes constituyen un 60% de la población, el derecho de participar como candidato y ser electo para un cargo público es un reconocimiento formal pero dista mucho de ser efectivo, lo cual evidencia una enorme brecha entre el discurso multicultural de la élite política y una realidad en que le veda espacios de participación a los pueblos mayas de Guatemala. Durante los últimos años se ha constatado una mayor participación indígena en los procesos electorales pero algunos líderes mayas señalan que el incremento es puramente cuantitativo y a través de espacios políticos conservadores que utilizan a los indígenas únicamente como símbolos.

PUEBLOS INDÍGENAS Y EL PROCESO ELECTORAL. 

El informe nacional de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza la participación de los pueblos indígenas en el ámbito político y busca derribar varios mitos, entre ellos el supuesto abstencionismo indígena.

Las estadísticas muestran que el nivel de empadronamiento de los pueblos indígenas es más bajo en comparación con la población ladina (sólo uno de cada tres indígenas está inscrito como ciudadano). Sin embargo, los indígenas votan más que los ladinos empadronados, por ejemplo, en los comicios de 2011, el promedio nacional de participación fue de 58% y para los indígenas un punto mayor, con 59%.

En 2015, en los cinco departamentos con mayor población indígena (85.7% promedio), la participación electoral fue un 20% mayor que en los departamentos con menos indígenas (61% en los primeros y 58% en los segundos).

El departamento con mayor población indígena en el país, Sololá, tiene el más alto índice de participación nacional, un 70% (un 17% más alto que el promedio nacional) y el departamento con menor población maya, El Progreso, sólo un 37% de participación.

Además, de los 15 municipios con la tasa de participación electoral más baja (menor del promedio nacional que es del 56%) hay ocho municipios con alta presencia no indígena, y los municipios con la más alta participación en las urnas son aquellos con los más altos porcentajes de población indígena.

Según Álvaro Pop, politólogo y miembro de la Misión de Observación Indígena, desde que se llevó a cabo la primera misión de observación indígena en 1999, se ha identificado una mayor participación indígena en el proceso electoral pero aún falta evaluar si esto «trae consigo una conciencia cívica.»

Rigoberto Quemé, ex alcalde de Quetzaltenango (1999-2003), señala que «existe un incremento cuantitativo con cada proceso electoral de la participación indígena pero ha sido a través de espacios políticos conservadores y de derecha. Los partidos conservadores usan a los indígenas como símbolos, no como participación real y efectiva con cuotas de poder».

 I PLANES DE GOBIERNO: PREDOMINA UNA VISIÓN PATERNALISTA.

• La mayoría de los planes de gobierno fueron redactados por tres o cuatro miembros del comité ejecutivo de los partidos, entre los cuales hay pocos o ningún indígena. Resulta paradójico que propuestas para la población indígena sean redactadas por ladinos y demuestra la prevalencia de una visión paternalista.

• Todos los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, asumen el discurso de la multiculturalidad y todos los planes de gobierno incluyen el derecho de los pueblos indígenas a la educación bilingüe en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, en ningún plan se menciona el presupuesto que se le asignará. Esto es un punto crucial - tres años después de la aprobación de la Ley de Idiomas, el Ejecutivo no ha emitido el reglamento que la viabilice y la DIGEBI cuenta con un presupuesto irrisorio.

• Se advierten contenidos racistas o paternalistas en muchos planes de gobierno. Por ejemplo,en uno de tantos se señala que «la cuestión indígena representa uno de los asuntos cruciales del siglo XXI porque plantea el problema del derecho a la diferencia» . Bajo el apartado «el unionista y los pueblos indígenas» se compromete a «asegurar que las instituciones gubernamentales encargadas de temas indígenas sean confiadas a profesionales indígenas» sin mencionar la participación indígena en otros cargos gubernamentales. ¿Significa esto que según los unionistas, un indígena puede dirigir el FODIGUA o CODISRA pero no el Ministerio de Economía? La UNE habla de encontrar una forma «apropiada» para la aplicación del derecho consuetudinario.

 ¿Acaso existe una forma «no apropiada» para el ejercicio de este derecho?

• Varios planes de gobierno, entre ellos el de la UNE y el FCN promueven el turismo como un camino hacia el desarrollo para los pueblos indígenas. Sin embargo, en estos planes no se contempla el impacto del turismo en el tejido social de los pueblos indígenas. Además, cae en el riesgo de promover una visión «folklorista» del indígena.

• Únicamente los partidos EG, CONVERGENCIA y URNG abordan el tema de la minería, y la implementación del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas aunque se mantiene el discurso "clasista maya" donde se beneficia solo a las mayorías lingüísticas mayas, excluyendo e invisibilizando a los xinkas y los garifunas.

• Muchos planes se basan en la creación de nuevas instancias gubernamentales para la atención de temas relacionados con la población indígena. Se observa una tendencia de solucionar problemas creando nuevas oficinas o fondos sociales, cuando actualmente ya existen varias dependencias del Estado que se encargan de estos temas (por ejemplo, CODISRA, FODIGUA, DEMI y DIGEBI) pero que se ven seriamente limitadas por la falta de presupuesto que se les asigna. «La carencia específica de estas dependencias indígenas es que aunque tengan un mandato claro, no tienen apoyo político de la autoridad y por ende no tienen capacidad operativa. Son incrustaciones institucionales, aisladas y abandonadas a su suerte, sin incidencia dentro y fuera del ministerio o secretaría en el cual se localizan» , y que por lo tanto «terminan por depender de la cooperación externa» (Inforpress 1661 ).

DERECHO A OPTAR A CARGOS POLÍTICOS AÚN LEJANO. En cuanto al derecho de participar como candidato y ser electo para un cargo público, el informe del PNUD concluye que «su ejercicio efectivo requiere condiciones que actualmente no existen plenamente en los grupos indígenas».

La participación indígena es mayor a nivel municipal – actualmente, de 333 municipios, almenos 180 tienen alcaldes indígenas. El total de 585 alcaldes electos desde 1985 ha pertenecido a partidos políticos diversos y competitivos. La Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y los Comités Cívicos Electorales (CCE) representan el 69% de las alcaldías indígenas.

Los CCE, organizaciones de carácter temporal, cuya función es representar corrientes de opinión pública, en procesos electorales correspondientes a gobiernos municipales y que quedan disueltos al finalizar las elecciones, han surgido, crecientemente, en municipios con mayoría de población indígena, en apoyo a candidatos indígenas. Sin embargo, a excepción de algunos comités como Xel-Jú, el cual ha durado más que muchos partidos políticos, la mayoría de los CCE han tenido una baja capacidad de ganar elecciones y una vida política limitada.

Según líderes indígenas de diferentes organizaciones, los comités deberían de convertirse en un espacio permanente de interlocución entre las autoridades y la población, y argumentan que los comités se encuentran en desventaja frente a los partidos políticos, debido a las reformas electorales, las cuales establecieron nuevos requisitos: en lugar de disponer de tres meses para cumplir el trámite de inscripción.

Las reformas también definieron una escala de afiliados para los CCE con arreglo al número de empadronados del respectivo municipio. Antes de las reformas, el requisito para todos los municipios que no fuesen las cabeceras departamentales ni el municipio de Guatemala era de sólo 100 afiliados. Con las reformas, el requisito se elevó de 100 a 1,500 afiliados, según el número de empadronados en el municipio.

En las elecciones de 2011, cuando participaron 186 comités, éstos ganaron 27 alcaldías. Sin embargo, este año, se espera que la inscripción sea de unos 120 comités.

En cuanto a la elección de indígenas a cargos legislativos, durante las ocho elecciones desde 1985, sólo el 4% de los diputados electos a la lista nacional y el 8% de diputados distritales han sido indígenas, muy por debajo del número de diputados mayas que debieran elegirse según la población maya por departamento.

II: Política indígena y campesina en los planes de gobierno

EG: Multiculturalidad: Creación de un Estado plural que permita a los pueblos indígenas ser parte plena del poder; Educación bilingüe y no racista; Fortalecer la participación del TSE en las consultas populares llevadas a cabo por los pueblos indígenas; Garantizar la certeza jurídica de la tierra.

EL FRENTE: Reforma de FODIGUA transformándola en una entidad de asesoría a nivel presidencial; Organización de la fiscalía indígena en el Ministerio Público y multiplicación de defensorías indígenas para diversas ramas del Derecho a nivel nacional; Implementación de leyes y convenios internacionales relacionados con los derechos indígenas; Educación bicultural; Reconocimiento del derecho consuetudinario; Ley de regionalización sobre bases etno-culturales; Discriminación positiva meritoria a favor de indígenas para cargos públicos; Gestión descentralizada de los temas ambientales a nivel municipal y departamental. Declarar que la minería de metales a cielo abierto además de conllevar altos riesgos al ambiente y la salud, no es una opción viable para el desarrollo del país en las condiciones en que se realiza actualmente. Ley para organizar el sistema de consultas a los pueblos indígenas.

PRI: Garantizar el respeto del derecho consuetudinario por el Ejecutivo y el Organismo Judicial. Subsidios agrícolas en forma de fertilizantes; acceso a crédito, dotar a las comunidades de infraestructura para el desarrollo (electricidad, carreteras etcétera)

LIDER: Se compromete al «avance de los derechos de los cuatro pueblos (maya, garífuna, xinka y ladino) y creación de un país que «consolide la unidad dentro de la diversidad» , promoción de sus valores culturales y respeto a sus formas tradicionales de representación pero no se detallan acciones concretas o programas.

PP: Regionalizar la administración educativa con criterio etnolingüístico; Sección titulada «Interculturalidad» lista ocho ejes para la construcción de una «política de interculturalidad» que incluye el diálogo intercultural, el respeto a la medicina tradicional etcétera, pero no se detallan acciones o programas concretos; Diseñar una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral; Desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa rural; impulsar la diversificación productiva de las zonas rurales de potencial agrícola con énfasis en productos de alto valor agregado y capacidad exportadora; Reconversión productiva de regiones rurales con énfasis en el turismo.

CONVERGENCIA: Respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas; respeto a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas (no se detalla qué significa este concepto. Por ejemplo, no se aborda el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT ); Impulsar un acuerdo político entre el Congreso y el Ejecutivo para construir «la política indígena del Estado» ; Programa Nacional de Desarrollo de los pueblos indígenas mediante proyectos productivos y económicos de desarrollo sostenible; Programas de apoyo para los indígenas migrantes en territorio nacional y el extranjero en empleo, capacitación, salud y educación; aumentar el presupuesto de los programas para ayudar a indígenas de la tercera edad; Asegurar que las instituciones gubernamentales encargadas de temas indígenas sean confiadas a profesionales indígenas; Proyectos productivos con énfasis en capacitación y empleo para mujeres y jóvenes indígenas; Gestionar la producción y comercialización de las artesanías indígenas; consolidar la educación bilingüe; Acceso pleno de los indígenas al sistema de justicia; Respeto y reconocimiento de la medicina tradicional.

UCN: Focalización del gasto en los grupos más pobres, rurales y con mayor población indígena; extender cobertura del sistema de salud priorizando áreas rurales con el mayor índice de pobreza y mayor población indígena, ampliar cobertura de educación secundaria y técnica en estratos más pobres e indígenas; educación bilingüe en niveles preprimario y primario; Revitalización de los Acuerdos de Paz (esto no se amplía ni se detallan acciones concretas); Programas de formación de traductores de los cuatro principales idiomas mayas en el sistema de justicia.

UNE: Multiculturalidad: Impulsar la educación bilingüe mediante una ley específica; Mejores condiciones laborales para maestros bilingües; creación de la Universidad Maya; capacitación técnica por medio del INTECAP con pertenencia lingüística y cultural; Respeto de los lugares sagrados mayas y los derechos indígenas con relación a la espiritualidad; Encontrar una forma «apropiada» para la aplicación del derecho consuetudinario; Oportunidades de educación en todos los niveles a todos los indígenas del país; Inclusión de más diputados indígenas y mayor representación indígena en las instituciones del Estado (no detalla cuántos ni se habla de establecer cuotas); participación de indígenas en la administración y gerencia del INGUAT ; aprobar la Ley de Consulta a Pueblos Indígenas; creación de un instituto de fomento de la participación política de los pueblos indígenas.

Campesinos: Impulsar un mecanismo financiero rural que asegure la inversión productiva a toda forma de organización comunitaria empresarial y de economía mixta en el área rural con créditos a bajo interés; Foros de Desarrollo Rural Integral a nivel regional, departamental y municipal cada dos años para evaluar estrategias y optimizar recursos; Análisis del Registro de Información Catastral ( RIC ) con el objeto de promover iniciativas necesarias para dar certeza jurídica en la propiedad de la tierra; Promover un nuevo marco jurídico que modernice el régimen de tierras ociosas.

URNG-MAIZ: Multiculturalidad: Educación bilingüe y no racista, promoción del uso de los idiomas mayas, respeto al ejercicio de la espiritualidad maya, plena implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Énfasis en los derechos de la mujer indígena – fortalecimiento de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y tipificación del delito de acoso sexual con el agravante de ser cometido contra una mujer indígena.

Cambio constitucional en base a los Acuerdos de Paz. Esto significaría la plena implementación del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) con énfasis en la descentralización, fortalecimiento del poder municipal y el desarrollo en coherencia con la identidad y cosmovisión de los pueblos indígenas - «territorialidad democrática sustentable».

Minería: Declarar lesivos contratos de exploración y explotación de minería a cielo abierto que utilizan cianuro y otras sustancias tóxicas. Modificación de la Ley de la Minería de acuerdo con consensos alcanzados con las comunidades.

Campesinos: Se fomentará el acceso a crédito y la agrupación colectiva o asociativa de los productores. Defensa de los productos tradicionales como el maíz. Aplicación de la Ley del Registro de Información Catastral (RIC), reforma agraria «profunda, integral y distributiva» que promueva la integración de la economía campesina en las cadenas productivas y de comercialización. Apoyo con subsidios y servicios agrícolas a pequeños y medianos productores. Expropiación de tierras ilegalmente adjudicadas durante el conflicto armado en la Franja Transversal del Norte y Petén. Impuesto sobre tierras ociosas y subutilizadas. Renegociación o condonación de la deuda agraria.

MULTICULTURALIDAD: EL DISCURSO Y LA REALIDAD. 

El PNUD enfatiza la importancia de que los partidos políticos postulen más candidatos indígenas para lograr una mayor representatividad en los cargos públicos según la composición étnica del país.

Sin embargo, son pocos los partidos dispuestos a establecer cuotas de participación indígena, ente ellos, Encuentro por Guatemala (EG), partido que compite en alianza con la plataforma indígena Winaq en conjunto con URNG MAIZ y el único que postula una presidenciable indígena con el unico candidato GARIFUNA en estas elecciones 2015,  el cual ha promovido para estas elecciones las denominadas «trenzas» , es decir, la postulación de un hombre, una mujer, un/a joven y un/a indígena a cada listado, para lograr una mayor representatividad en términos de género, origen étnico y edad ( Inforpress 1716 ).

Pero es importante notar que los candidatos indígenas que participan en los partidos existentes, de cualquier tendencia ideológica, a menudo se ven atrapados en un paradigma fundamentalmente etnocentrista. Como señala el informe, «Lo que ocurre hasta hoy es el resultado de una dialéctica perversa entre la discriminación real y una retórica multicultural. En el mercado de la política, esa tensión es baja cuando se eligen algunos diputados indígenas, aunque ello tiene más un carácter emblemático, en el sentido de que son electos por partidos que no tienen propuestas programáticas con contenido étnico. En consecuencia, los alcaldes o diputados indígenas responden a un programa propio de una cultura que se pretende homogénea».

La fallida postulación de Rigoberto Quemé como presidenciable de Alianza Nueva Nación (ANN) en 2003 y la de Rigoberta Menchú e el 2011, la cual no ha producido el «terremoto político» que se esperaba al anunciarse su candidatura, ilustran claramente las vicisitudes de una alianza entre candidatos indígenas y partidos ladinos, aún cuando éstos se autodenominen «progresistas» o de izquierda, lo que ha sucedido con Mario Englinton como vicepresidenciable en las elecciones 2015 siempre por URNG-WINAQ.

En 2003, Quemé se postulaba con el respaldo de un amplio espectro de organizaciones campesinas, sindicales e indígenas pero una fuerte desavenencia con el dirigente de ANN, Pablo Monsanto, a quien acusó de haberse «adueñado con las bases del partido» puso fin a la efímera alianza ( Inforpress 1527 ).

Ahora se postula Englinton de poco reconocimiento nacional, como representante de un pueblo folclorizado e invisibilizado por años por los gobiernos y olvidado por los partidos políticos, en una alianza que de alguna manera se ha mantenido en pie con el respaldo de una pequeña élite de profesionales indígenas pero poco apoyo de las organizaciones sociales de base, a diferencia de COVERGENCIA partido de base maya con ideales y principios de unidad, pero de poco renombre y aceptacion a nivel nacional, en una campaña que no despego y con un ambiguo plan de gobierno centrista de carácter mayista tradicional.