Comunidad Xinka El Pajal, Las Lomas de Chiquimulilla
(Junta Directiva de la Asociación Xinka Las Lomas)
Esta comunidad habita en el barrio de San Sebastián en la ciudad de Chiquimulilla, cabecera del municipio del mismo nombre en el departamento de Santa Rosa en el pacífico de Guatemala. Está formada por cerca de 200 familias que son a la vez condueños de un terreno comunal ubicado a cinco kilómetros de la ciudad con una superficie de 270 hectáreas (6 caballerías). Su título de propiedad comunal data de 1889 y está inscrito en el Registro de la propiedad (números 1227 y 344, folios 215 y 76, libros 48 y 23 de Santa Rosa).
En Chiquimulilla existen dos barrios indígenas: Santiago y San Sebastián. Ambos poseían terrenos comunales, los indígenas de Estereo Santiago poseían El Astillero (1,5 caballerías equivalente a 67,5 hectáreas) situado en las tierras bajas del municipio y San Sebastián, El Pajal que aún conserva60. En la década de 1960, El Astillero fue parcelado por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y entregado a sus antiguos comuneros y otros beneficiarios. El hecho que ambos barrios poseyeran terrenos comunales en áreas distintas definió un sistema de intercambio de productos basado en la complementariedad. El Astillero estaba ocupado por bosques de especies maderables y en El Pajal crecían gramíneas que se utilizaban para construir los techos de las viviendas. En consecuencia, San Sebastián trocaba paja para techo por madera para construir las casas con Santiago. Los bejucos (llamados localmente tripe vieja) que eran el otro material de construcción de la arquitectura tradicional se obtenían también mediante intercambio con la finca San Bernardo colindante con El Pajal. Las tierras no se utilizaban para cultivo y constituían la reserva de material de construcción para comunidades indígenas urbanas dedicadas a la agricultura en tierras propias o arrendadas y otros empleos urbanos. Hasta la década de 1960, estos barrios indígenas se caracterizaban por sus viviendas de madera con techo de paja y con una estructura amarrada con bejucos. En verano, los incendios frecuentemente afectaban gran cantidad de viviendas y esto provocó paulatinamente la sustitución de los techos por láminas de metal y, al parcelarse El Astillero y perderse el sistema de intercambio de materiales, con paredes de bloques de concreto.
Ambos terrenos, desde el siglo XIX, y antes según la memoria local, eran administrados por un principal electo por la comunidad que permanecía un año en su cargo, pudiendo ser reelecto. Este principal tenía a su cargo la gestión de la tierra, la asignación de sus productos, la administración del intercambio y la resolución de conflictos entre los comuneros. Para ello, contaba con una normativa consuetudinaria no escrita pero legitimada por la costumbre y la memoria local. El principal, definía también la fecha en que “al toque del pito y el tambor”, los comuneros debían reunirse a limpiar los mojones del común, circundado por un muro de piedra en la mayor parte de su circunferencia. Una de las funciones del principal era la custodia de los títulos
de propiedad comunal de 1889.
A principios de la década de 1970, Miguel Ángel García, principal de San Sebastián, preocupado por los incendios y el riesgo en que ponían la integridad de los títulos de propiedad decidió depositarlos en la municipalidad de Chiquimulilla, en cuyos archivos podrían estar protegidos. En 1980, los comuneros decidieron mejorar el camino desde el barrio San Sebastián hasta el terreno comunal y para ello solicitaron un préstamo de maquinaria a la Dirección General de Caminos. Recolectaron 17.500 quetzales y con ellos pudieron pagar combustible, salarios de los trabajadores de caminos que junto con su trabajo, permitió la construcción del camino hacia el común que es mantenido por los comuneros. En 1987, la comunidad gestionó un proyecto de agua potable para el cual debían obtener un derecho de paso cruzando la finca Tierra Grande Alta la que, a cambio, les solicitó otro derecho de paso que debía inscribirse como escritura de servidumbre. Al iniciar los trámites para esa escritura, en 1990, se percataron que El Pajal había sido inscrito a favor de la municipalidad durante el tiempo que esta había tenido sus títulos en depósito.
Allí inició una lucha por la recuperación de derechos que culminó en 1995 cuando la municipalidad les reintegró sus títulos comunales.
Entre 1954 y 1995, cuando se firmó el AIDPI, los gobiernos militares y la guerra constituyeron un obstáculo para que la comunidad se pudiera reunir y tomar decisiones sobre sus tierras comunales, también para organizarse como comunidad indígena. Sin embargo, en 1980, decidieron sustituir el antiguo sistema de administración a cargo de un principal, por una Junta Directiva responsable del terreno del “pueblo indígena de Chiquimulilla” como reza la escritura de 1889. Esto, como una respuesta a los cambios sociales y productivos que enfrentaba la comunidad. Con la pérdida del sistema de intercambio las transformaciones en la arquitectura tradicional, la presión sobre la tierra y la invasión de las gramíneas tradicionales por pastos más
agresivos, las tierras de El Pajal habían comenzado a ser cultivadas desde principios de la década de 1970 y era preciso un sistema de gestión capaz de manejar una mayor complejidad de uso y derechos. La Junta Directiva se constituyó basándose en una reglamentación que recoge los lineamientos generales del sistema consuetudinario que manejaban los principales pero aún rigiéndose cotidianamente por las normas no escritas que legitimó el derecho local de tierras durante generaciones.
Actualmente, la comunidad indígena xinka de San Sebastián mantiene su terreno comunal asignado en usufructo a sus comuneros que lo explotan siguiendo las normas definidas por su derecho consuetudinario. Una caballería y media continúan como bosque comunal y se ha reforestado con pinabete media caballería más con el propósito de proteger fuentes de agua y disponer en el futuro de productos del bosque. Para no repetir la experiencia de El Astillero, la comunidad no permite la construcción de viviendas en el común y solo tres familias han sido autorizadas a vivir allí, responsabilizándose además de cuidar los cultivos de los otros comuneros. Aunque disponen de títulos de propiedad legalmente inscritos, al igual que las otras comunidades xinkas, afrontan invasiones de tierra por parte de finqueros colindantes que no reconocen sus derechos y cuentan con poco apoyo de las autoridades judiciales.
Los xinkas de San Sebastián participan activamente en el proceso de recuperación de su identidad étnica junto con las otras comunidades y han constituido grupos de estudio sobre la lengua, las tradiciones y sus normas consuetudinarias de gestión territorial.
