NUESTRA VIDA SITIADA
SANTA ROSA Y JALAPA, REALIDAD DE UN PUEBLO PERSEGUIDO POR CLAMAR "NO A LA MINERIA"
La gente se aferraba a una pequeña hoja de papel –nos relataba nuestra amiga durante la cena. La guardaban celosamente como si hubiera sido un escudo sobrenatural. Se trataba del permiso que el Ministerio de Gobernación les había otorgado para colocarse durante dos horas cada día en una carretera pública que está frente a una de las entradas de la mina “El Escobal”. Según ellos, nada podían temer pues la ley –sí, esa ley que se supone no debe ser parcial ni selectiva– les protegía. El escudo no era tal.
Martes 07 de Mayo de 2013
El patrón de asedio con un tufo indiscutiblemente autoritario, está impregnando la tónica de manejo de la “conflictividad social”.
Los rumores de un estado de excepción empezaron desde la noche del 30 de abril y se confirmarían en la madrugada entre el 1 y 2 de mayo. Vemos imágenes de tanquetas, hombres armados, calles patrulladas, allanamientos a casas particulares. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Rosa y en Jalapa?
Mi amiga que ha trabajado en esta región desde el 2009, me proporciona material para entender la envergadura de la situación. Goldcorp, una compañía canadiense y la segunda compañía minera de oro en el mundo, es dueña del 40% de la mina “El Escobal” en San Rafael Las Flores. Goldcorp inició los trámites de tres licencias de exploración en 2007 a través de la compañía “Entre Mares de Guatemala S.A.”. Tahoe Resources Inc. compró el proyecto completo en 2010 a través de “Minera San Rafael S.A.”.
En “El Escobal” se explotará plata y otros metales, pero no oro. La mina no es a cielo abierto, sino una mina subterránea. Según datos del “Preliminary Economic Assesment” preparado para Tahoe, la inversión estimada para la operación del proyecto “El Escobal” es de entre US$ 372.8 millones y US$ 405.4 millones. El valor estimado de los yacimientos minerales después de los impuestos es de 2.99 billones de US$.
En otras palabras, la plata en juego es mucha. Compare usted esta cifra con los 27 millones de quetzales (no de dólares) que, según la minera, recibirán individualmente las municipalidades de Nueva Santa Rosa, Casillas, Barberena, San Carlos Alzatate, Santa Rosa de Lima y Santa Cruz Naranjo. A mí, hay algo en la matemática que no me cuadra. ¿Cómo explicamos a nuestros hijos la hipoteca de los intereses del Estado frente a intereses particulares?
El 3 de abril se otorgó la licencia de explotación para 29 kilómetros cuadrados. Existen adicionalmente un total de 23 concesiones otorgadas o en proceso de ser otorgadas para un total de 2,496 kilómetros cuadrados. El área incluye licencias de reconocimiento y exploración. Además de San Rafael las Flores, estas licencias se ubican en otros diez municipios de varios departamentos, incluyendo Jalapa y Jutiapa. La ley de Minería de Guatemala (Decreto 48-97) introduce el concepto de licencias de reconocimiento, previas a las licencias de exploración. El límite para las licencias de reconocimiento es de 3,000 kilómetros cuadrados. La ley también eliminó el requisito de contar con permiso por escrito de los propietarios de los terrenos por trámite de otorgamiento minero.
Lindo, ¿verdad? Juzgue Ud. si la Ley de Minería no está hecha a la medida del calzado. Tome aire (del que aún no está contaminado por su proximidad a proyectos extractivos) y dígame Ud. cómo le explico a cualquier vecino la diferencia en el ejercicio del “respeto a la propiedad privada” siempre y cuando aclaremos primero de qué propiedad privada hablamos y, sobre todo, de quién.
La oposición de la población local se ha hecho explícita no a través de una sino de ¡ocho! consultas comunitarias. A pesar de que la Ley de Minería no incluye detalles sobre consultas con la población local antes de iniciar proyectos que puedan afectarles, hay otras leyes que indican que la consulta es necesaria. Estas leyes son las modificaciones al Código Municipal y la ley de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. Guatemala ratificó en 1996, además, el Convenio 169 de la OIT.
El conflicto del que leemos en los periódicos es complejo. Intuimos que el caos que reina desde finales de abril es tan solo un pequeño reflejo de las distintas aristas del problema. Poco sabemos, además, sobre lo que la gente ha vivido no sólo durante estos días, sino durante largos meses. Las personas de las localidades quedan difuminadas de los informes.
Los ojos de mi amiga, en cambio, me hablan de esas personas. Ojos que conozco desde la infancia, ojos que perdí en algún momento del camino y que volví a encontrar por una experiencia similar que nos une. Ojos, en fin, que compartieron la angustia de hombres y mujeres en Santa María Xalapán, San Rafael Las Flores, Laguna El Pito, Mataquescuintla, y otros poblados que han estado en permanente zozobra desde hace semanas. Preocupados están algunos por la imagen internacional proyectada de Guatemala. No sé qué grado de miopía hará falta para no ver que la militarización de un territorio y la poca garantía que el Estado responda con justicia al interés público, no son precisamente una oda a la democracia.
La declaratoria del estado de excepción responde principalmente –se nos dice– al deseo de capturar a bandas que se dedican al sicariato, narcotráfico y a la extorsión. El problema es que so pretexto de perseguir al crimen organizado, se está persiguiendo a líderes comunitarios y a organizaciones sociales –equiparando irresponsablemente una cosa con la otra. La intimidación es efectiva: busca la desarticulación de un movimiento ciudadano que ha involucrado a actores diversos y que exige que se respete su vida, su tierra y su entorno. Esto debería ser suficiente motivo de alarma. El patrón de asedio con un tufo indiscutiblemente autoritario, está impregnando la tónica de manejo de la “conflictividad social”.
“La gente de la capital nos trata de campesinas ignorantes (…) Yo no estoy en contra del desarrollo, (pero) el agua se contamina con sustancias tóxicas que al final se meten en nuestros cuerpos, en los cuerpos de nuestros hijos”. Las comunidades llevan meses esperando una señal de escucha de parte del gobierno. La ansiada señal no ha llegado a pesar de la mesa de diálogo que se instaló con la participación del Nuncio y los obispos de Jalapa y Santa Rosa. “Nadie de los medios de comunicación ha venido a preguntarnos qué pensamos, qué desarrollo queremos; tampoco el gobierno o la compañía minera. A partir de ahí nos dimos cuenta que para ellos, nosotras no valemos nada” –dicen las mujeres.
Sus vidas están sitiadas. ¿Acaso no lo están las nuestras también? A pesar de ello, las personas de las comunidades insisten en el diálogo. Como me escribe mi amiga en un párrafo que retendré por mucho tiempo, es hora de pensar en cómo encauzar un diálogo necesariamente inacabado entre el pasado y el futuro. No sería mala idea darle voz a todos esos cuerpos que desde los márgenes, desde una historia de despojo, violencia y abuso, pero también de sobrevivencia, nos están diciendo que este proyecto totalizador al que nos estamos aferrando, en realidad, no tiene futuro.
tomado de: http://www.plazapublica.com.gt/content/la-vida-sitiada
fotografia: mimundo.blogspot.com
