DIGNIDAD Y JUSTICIA
PARA LAS VICTIMAS DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA
Se cumplen 16 años de la presentación del informe, Guatemala: memoria del silencio, producido por la Comisión para el Esclarecimientos Histórico (CEH). El 25 de febrero de 1999, la CEH entregó al pueblo de Guatemala el resultado de su trabajo, según lo estableció el acuerdo para su creación. La tarea, que no estuvo excenta de riesgos y dificultades, consistió en registrar y documentar las graves violaciones a derechos humanos que sufrió la población guatemalteca durante el Conflicto Armado Interno (CIH).
La Comisión concluyó que en Guatemala se cometieron actos de genocidio. Una conclusión a la cual arribó no por capricho sino mediante el minucioso y científico proceso de análisis de la información recabada, contrastada con toda la normativa y legislación existente a nivel nacional e internacional. Para los integrantes de la CEH, al final, no hubo duda y la conclusión resultó incuestionable. Era esa la verdad histórica.
El documento producido contenía, además, un conjunto de recomendaciones encaminadas a cumplir con los principios fundamentales de la justicia transicional. Entre otros, las acciones necesarias para desarrollar las garantías de no repetición. Es decir, que Guatemala no volviera a vivir situaciones como las descritas en el informe y que narran el horror, la barbarie y la crueldad con la cual fue tratada la población porque así lo definía quien impulsaba la estrategia militar. En especial, mayoritariamente (más del 94 por ciento) en el estamento del Estado.
La Comisión de la Verdad, como también fue llamada, resaltó la importancia de que se creara un programa especial para el resarcimiento de las víctimas. Programa al cual le propondría la misión esencial de dignificar a las personas que fueron detenidas desaparecidas, ejecutadas extrajudicialmente, masacradas, torturadas, perseguidas, exiliadas o violentadas sexualmente.
En mínima atención a esta idea es que el 25 de febrero, aniversario de la presentación del informe, se ha nombrado como el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Una conmemoración que todavía es impulsada por un grupo de la sociedad civil y al que el Estado de Guatemala rehúye conmemorar como corresponde.
Negativa que responde a la obvia indisposición gubernamental por aceptar la responsabilidad estatal en la inmensa mayoría de los crímenes revelados. De hecho, Álvaro Arzú, presidente de turno cuando se entregó el informe, se negó a recibirlo en sus manos y delegó a su secretaria de la paz, Raquel Zelaya a que lo recogiera. Ni eso tuvieron las víctimas como gesto oficial en su memoria.
Hoy día, con un gobierno militar empecinado en negar los crímenes de Estado y en socavar toda posibilidad de justicia, pocos avances puede haber en la dignificación de quienes sufrieron la maquinaria criminal del ejército guatemalteco.
En las actuales condiciones, la dignificación de las víctimas no llegará de la ensangrentada mano dura que niega la verdad. La dignificación tampoco llegará de la corrupta mano enguantada de jueces cuya toga está al servicio del mejor postor. Tampoco llegará de la cobarde mano de grupúsculos neofascistas que tejen odio y venganza en procura de impunidad.
La dignificación llegará desde otras manos. Arribará en la memoria de quienes día con día levantan el clavel de la valentía en la búsqueda de justicia. Se asomará en el quehacer cotidiano de los movimientos pacíficos de resistencia en defensa del territorio. Estará bordada en los güipiles y en los perrajes que con dignidad envuelven el rostro de las mujeres que denuncian violencia y esclavitud sexual durante el conflicto armado interno. Caminará erguida, al final de cuentas, en la infatigable lucha por una Guatemala distinta, con memoria, por la verdad y la justicia.
