ESCLAVITUD Y POBREZA
UNA REALIDAD SOLAPADA
En vísperas del bicentenario de la independencia estamos como en el siglo XIX, con gobernantes que entregan la riqueza y la dignidad humana de Guatemala: el territorio con sus bienes naturales y la explotación de la mano de obra de la ciudadanía. En 1877, Rufino Barrios promulgó el Reglamento de Jornaleros, decreto número 177, y en 1878 la Ley contra la Vagancia, decreto número 222. Con estas inhumanas leyes ese gobierno liberal abrió el dique malicioso para que la ciudadanía —campesinado maya, xinka y garifuna— fuese entregada como brazos para el desarrollo de los finqueros criollos, los administradores coloniales y los extranjeros.
Hace un siglo, el Gobierno dictatorial y entreguista de Manuel Estrada Cabrera, con su lema “orden para el progreso”, entregó grandes extensiones de nuestro territorio a compañías extranjeras. A la United Fruit Company (Ufco) le cedió mil 500 caballerías de tierra cultivable para la producción de banano en Guatemala y su posterior exportación. En 1904 entregó a esta compañía estadounidense el muelle de Puerto Barrios, las líneas telegráficas y el Ferrocarril del Norte que se construyeron con recursos económicos y la fuerza de trabajo guatemalteco. Luego la empresa estadounidense International Railways of Central América (IRCA) tomó el control del ferrocarril. La Ufco era la accionista mayoritaria de esta compañía.
La Ufco se convirtió en una fuerza económica y política dominante en Guatemala, en otros países latinoamericanos y en El Caribe. En Centroamérica llegó a controlar más del 40% de tierras cultivables. El robustecimiento del poder económico y político de la Ufco fue posible por la continuidad de la política del trabajo forzado en las plantaciones bananeras.
Así las cosas, el gobierno y el Partido Patriota pretenden imponer el salario mínimo diferenciado consistente en Q1 mil 250 mensuales para el trabajo de industria de manufactura ligera. Si el salario mínimo nacional que oscila entre Q2 mil 083 y Q2 mil 650 ya es insuficiente ¿cómo se puede justificar semejante salario de hambre?
Hoy, esta política de esclavitud solapada está afectando a los municipios de Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso, así como en Estanzuela, Zacapa, y Masagua, Escuintla. Si no se deroga el salario mínimo diferenciado, mañana se reinstauraría y legitimaría el trabajo forzado al que pusieron fin los gobiernos de la primavera democrática (1944-1954), Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Árbenz Guzmán.
Desde hace siglos las élites políticas y las grandes empresas transnacionales se han jactado de ser los promotores del desarrollo. Pero lo que no dicen es que promueven su propio desarrollo económico, social y político a costa de violar los derechos laborales de las mayorías excluidas en Guatemala.
Es absurdo que para atraer la inversión extranjera, el gobierno imponga salarios de hambre y la gente históricamente excluida en este país, por necesidad, tenga que realizar trabajos catalogados de “industria ligera” cuando en realidad se trata de trabajos monótonos y estresantes.
