GUATEMALA
VIVIENDO EN UNA SOCIEDAD, RACISTA, MARGINAL Y DISCRIMINADORA
Los indígenas no hemos avanzado...
La pobreza, la exclusión y la discriminación son problemas que afectan a guatemaltecos de todos los grupos étnicos, las estadísticas dan cuenta que son aún más serios en las poblaciones indígenas. Estadísticas, estudios y analistas no dejan dudas sobre la desventaja que supone en el país pertenecer a un grupo indígena.
Desde la educación y la salud, hasta la justicia y la cultura, el acceso a los servicios básicos deja en una franca desventaja a la población indígena y compromete sus posibilidades de desarrollo social y económico.
Un caso ejemplar es el de María Chacaj y Francisco Castro, dos indígenas de la etnia quiché, quienes fueron señalados de abandonar en el Hospital Roosevelt a sus hijas siamesas, Ada Rosa y Aída Rosalina, pese a que tenían que ser intervenidas quirúrgicamente.
Sin embargo, María y Francisco explicaron que no podían visitar a sus hijas en el hospital, debido a que viven en condiciones de pobreza y carecen de recursos para viajar los más de 175 kilómetros que separan al departamento de Totonicapán -el más pobre y con mayor población indígena– de la Ciudad de Guatemala.
Los Q25 que ganan al día no son suficientes ni para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, tomando en cuenta que además de Las Rositas, la pareja tiene otros tres hijos menores, a quienes también deben cuidar todos los días.
En un acercamiento con periodistas, los padres de las siamesas tuvieron que recurrir a una persona que se ofreció como voluntario para traducir sus declaraciones, porque hablan únicamente en idioma quiché y su comprensión del español es mínima.
En el hospital la mayoría de información está disponible en español, lo que dificultó en gran medida que los padres comprendieran la situación de sus hijas, pese a que según la Ley de Idiomas, la población debe ser informada y atendida en el idioma propio de su comunidad lingüística.
De momento los servicios sociales aún no definen si la tutela de las siamesas continuará a cargo de María Chacaj y Francisco Castro, pero ellos ya vivieron las consecuencias de la pobreza, la marginación y la discriminación.
RETRASOS EN EDUCACIÓN Y SALUD
El Instituto Nacional de Estadística (INE) no cuenta con datos actualizados sobre la población indígena del país. El último censo se efectuó en 2002 y por lo tanto se trabaja con proyecciones.
Según la Caracterización Estadística de la República de Guatemala del INE, publicada en 2013, de los 15 millones 73 mil 375 de habitantes que había hasta junio de 2012 un 40 por ciento se identificaba como indígena, es decir, unos 6 millones de guatemaltecos.
Según la Procuraduría de Derechos Humanos, el Estado no garantiza la educación sin discriminación para este sector, pues los servicios públicos en el país contienen elementos discriminatorios y de racismo.
En un estudio de campo realizado en Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Totonicapán -los cinco departamentos que reportaron más alumnos indígenas–, la PDH identificó que únicamente en el último se reportó que todos los centros educativos imparten educación en el idioma español y el materno, mientras en el resto de las localidades mencionadas ninguna supera el 80 por ciento.
En materia de salud, el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala lamentó recientemente las restricciones y el retraso que viven los indígenas, históricamente explotados y en condiciones de pobreza.
“En Guatemala preocupa que los pueblos indígenas, en particular las mujeres y niñas indígenas, sigan en posiciones desventajosas de la sociedad que atentan contra sus derechos humanos, a pesar del peso demográfico de su población en el país”, indicó en un comunicado la entidad.
“En materia de salud, el acceso a estos servicios aún es restringido en los distintos territorios indígenas, lo cual se agrava por la desfavorable situación socioeconómica”, agregó la institución.
“Las mujeres indígenas, niñas, niños y personas con discapacidad están particularmente en riesgo”, advirtió, añadiendo que “continúa la carencia de un sistema universal de salud con pertenencia cultural”.
Adrián Chávez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), dijo que existen tres tipos de exclusión social en Guatemala. “El que tiene el rostro de mujer, de indígena y de una persona que vive en el área rural”.
El analista aseveró que en el área rural, en salud se puede presentar que no se tenga medicina para atender a los pacientes, o que no se le atienda, y por ello lo califica como un “viacrucis” que debe vivir la población rural, para tener acceso a los servicios de salud.
La barrera cultural, para el entrevistado, representa otro tipo de exclusión, pues si una persona llega a un centro de salud y no es entendido o comprendido porque nadie en ese lugar habla el idioma materno y recibir malos tratos.
ECONOMÍA Y POBREZA
En el país predomina la actividad económica de comercio informal. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, efectuada en 2014, 6 millones 316 mil 005 guatemaltecos conforman la población económicamente activa (PEA).
La muestra indica a detalle que el 35% de personas de la PEA está conformado por indígenas y el 65% contiene a la población no indígena; aunque en el grupo indígena, la labor empieza en edades más tempranas.
Los índices del trabajo infantil también prevalece en su mayoría en las áreas rurales del país, con un 57.9%, que tienen población mayoritariamente indígena, una cifra superior a los espacios donde prevalece la población no indígena, donde el indicador llega al 42.1 por ciento.
En la actualidad, de cada diez habitantes indígenas, al menos ocho sostienen su economía a través del comercio informal.
La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia señala que la pobreza afecta en un 74% a los indígenas y solo al 38% de los no indígenas. Y de igual manera sucede con la extrema pobreza, que afecta en 24.3% al primer grupo y en 6.5% al segundo.
Y es que cuando se habla en materia de ingresos económicos, quienes se encuentran en condiciones paupérrimas de vida, son siempre las poblaciones indígenas, según opinó Luis Linares López, de la Asociación de Estudios Sociales (Asies).
“Los pequeños productores están en condición de subsistencia o lo que llamaríamos infrasubsistencia. Es decir que no logran producir lo suficiente, ni para la comida diaria, entonces en esta situación los más afectados son los rurales, y dentro de ellos los indígenas; están en la situación más precaria en materia de ingresos”, afirmó el analista.
El entrevistado explicó que, incluso, los comerciantes indígenas ganan menos en comparación a los no indígenas, y en ocasiones es derivado de la escasez de tierras, así como la falta de insumos y asistencia técnica que les permita obtener mayores rendimientos.
POLÍTICA Y JUSTICIA
En cuanto a la política, la situación no es mejor para los pueblos indígenas. La Corte de Constitucionalidad emitió el dictamen No. 5352-2013, sobre una propuesta de reformas a la Ley Electoral, que dice que el sistema político-electoral no ha favorecido la participación equitativa de la población indígena.
“En el contexto nacional, los datos estadísticos revelan un escaso nivel de ejercicio de los derechos políticos por parte de mujeres e indígenas, lo que hace necesaria e inaplazable la implementación de acciones positivas en este ámbito. Estas acciones encuentran respaldo en instrumentos internacionales y en recomendaciones formuladas por organismos especializados; aunado a ello, en el Derecho comparado son múltiples los ejemplos de legislaciones que han adoptado este tipo de mecanismos”, advirtió la CC.
“Si bien la Constitución no alude expresamente a estas acciones, su compatibilidad con el texto supremo se funda en el reconocimiento universal, es decir, para “todos los seres humanos”, de los derechos y libertades inherentes a su dignidad y de la garantía de igualdad de oportunidades y responsabilidades”, indicó la Corte.
En cuanto al acceso de los pueblos indígenas a la justicia, la PDH agrega que existe una dificultad en comprender los procedimientos legales, porque se utiliza únicamente el español, a pesar que los demás idiomas son reconocidos en el país.
En los casos penales, el Artículo 142 del Código Procesal Penal establece que los mismos deben realizarse en idioma indígena y luego traducirse al español al mismo tiempo, situación que no siempre se lleva a cabo.
El Organismo Judicial habría presentado un Glosario Jurídico Bilingüe en los 22 idiomas mayas, a través de la Unidad de Asuntos Indígenas, con el objetivo de actualizar el vocabulario e incorporar palabras establecidas; también se creó el Centro de Interpretación y Traducción Indígena, y hasta agosto de 2013 la Corte Suprema de Justicia contaba con el apoyo de 89 oficiales interpretes distribuidos en los distintos órganos jurisdiccionales.
Otro aspecto que llama la atención es que se registran 22 idiomas existentes en todo el país, pero de ellos se atendían únicamente 13, quedando 9 en un déficit.
Ese Centro cuenta ahora con cinco sedes regionales, que se ubican en Huehuetenango, Alta Verapaz, Chimaltenango, Sololá y Quiché.
La PDH destaca el hecho que el Ministerio Público no cuenta con recurso humano contratado en su calidad de intérpretes jurídicos, aunque aprovecha la presencia de personal indígena en las fiscalías para apoyarse.
FACTOR MIGRACIÓN Y MARGINACIÓN
Álvaro Pop, del organismo Naleb´, indicó que si bien la población indígena prevalece en las áreas rurales, las cosas han cambiado en los últimos años, con las migraciones internas del campo hacia las zonas urbanas, y las migraciones externas, principalmente hacia Estados Unidos.
Los grupos indígenas van a la Ciudad en busca de mejores condiciones de vida y no siempre las encuentran; podrán percibir mejores ingresos que en el campo, pero lo más seguro es que continúen en el ciclo de la pobreza, señala el experto.
Por eso, muchos buscan opciones fuera del país, pero no cuentan con la protección del Estadio. “Eso significa que ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y el estado de Florida son significativamente importantes y están exigiendo cosas como documentación, servicios de transporte de valores, de transferencia monetarias, y es población que está exigiendo nuevas condiciones a partir del dinero que están recibiendo remesas”, afirmó.
Y es que a criterio de Pop, hay varias comunidades que están en completo abandono y no reciben los servicios que el Estado se ha comprometido a otorgar.
Otra de las debilidades que existen afirmó es la falta de participación ciudadana en los procesos electorales. “Los espacios han sido limitados con intencionalidad”, advierte.
“Incluso en términos de alcaldes estamos haciendo el análisis y todavía tenemos algunas dudas de la posibilidad y el riesgo que haya disminuido –la cantidad- de mujeres creo que no hay más de tres, y de indígenas creo que una”, comentó.
Mario Itzep del Observatorio de Pueblos Indígenas, dijo que la agenda del desarrollo indígena dentro de programas electorales es mínima.
“Volvemos a ver que no están incluidos dentro de los planes de los dos candidatos presidenciables de la segunda vuelta electoral; el proceso electoral también nos deja marcado que no hubo un aumento de participación indígena, de mujeres y jóvenes”, agregó.
PREJUICIO, DISCRIMINACIÓN Y RACISMO
La académica Guillermina Herrera Peña publicó en La Hora sobre el problema de la discriminación, que afecta con crudeza a las poblaciones indígenas guatemaltecas.
El racismo se expresa en dinámicas perturbadoras de la interacción entre los seres humanos. Generalmente se manifiesta por medio de prejuicios, estereotipos y discriminación.
El prejuicio y la discriminación son conceptos similares, pero no son lo mismo. En Guatemala, la discriminación es penada por la ley, mientras el prejuicio no lo es, aunque alimenta la discriminación.
“Hace algún tiempo un estudio sobre los libros de texto usados en las escuelas guatemaltecas sacó a la luz la manera prejuiciosa en la que se presentaba a los indígenas tanto en los textos escritos como en las ilustraciones. Por ejemplo, las familias indígenas siempre aparecían como campesinas, realizando trabajos manuales, viviendo en ranchos, lavando la ropa en los ríos, etcétera. No aparecían en ninguna parte, por ejemplo, profesionales indígenas dirigiendo empresas o dictando cátedra en universidades”, señala la experta.
“No debe entenderse que se menosprecian aquí las actividades de la vida campesina, porque todas ellas constituyen trabajos dignos, merecedores de respeto. Lo que quiere decirse es que no todos los indígenas son campesinos y que presentarlos así mueve a prejuicios a los niños que estudian con estos textos escolares. Seguramente arribarán a la conclusión de “indígena igual a campesino” o lo que es peor “un indígena nunca desempeña otro trabajo que no sea de campo””, apunta Herrera.
A diferencia del prejuicio o los estereotipos negativos, la discriminación supone una acción. Es un comportamiento que distingue, excluye, restringe y da o quita preferencia a los miembros de un determinado grupo.
La discriminación como fenómeno negativo y generalizado es una manifestación concreta del “racismo”. Es su vertiente activa, que puede ocurrir de manera solapada o abierta. Impone a un grupo social o pueblo –la víctima-un trato diferenciado en diversos aspectos de la vida en sociedad, y actúa como herramienta que lo inferioriza.
REALIDAD COMPLICADA
En ese sentido Bayron Paredes de la Defensoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la PDH, afirmó que la situación de los pueblos indígenas resulta complicada a causa del Estado que no tenido la voluntad de avanzar en cuestiones que les afectan directamente.
“Los problemas principales de los pueblos indígenas pueden ser el acceso a la justicia, educación, salud esos son como los primeros elementos”.
Y en cuanto a la participación de los pueblos indígenas en el reciente proceso electoral mencionó que existe una disminución de su participación, a pesar que hay 19 diputados que deberían representar a la población.
CIFRAS
22 idiomas mayas, y a ellos se les suman el garífuna y el xinka.
24 idiomas se hablan en el país.
8 de cada 10 habitantes indígenas se desarrollan en el comercio informal.
40% de 15 millones 73 mil 375 de un cálculo de 2013 serían indígenas.
57.9%, de menores indígenas integran el porcentaje de trabajo infantil, en su mayoría de áreas rurales.
74% de la población en pobreza se concentra en esa población.
24.3% de los indígenas son extremadamente pobres.
PUBLICADO: LA HORA
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